Las protestas por los recortes en educación marcarán la 'vuelta al cole'

A la espera de que la reforma que prepara el departamento que dirige José Ignacio Wert esté lista para su puesta en marcha el curso escolar 2013-2014, y que contempla cambios de todo orden en el sistema educativo, el comienzo del nuevo curso académico no estará exento de polémica y empezará como terminó el anterior: con protestas y paros en la enseñanza pública contra los recortes. Si bien no hay fechas cerradas aún, los sindicatos de enseñanza ya avisan de que el otoño va a ser "caliente".

El secretario general de FE-CC.OO, José Campos, ha afimado, en declaraciones a Europa Press, que el inicio de curso va a ser "muy conflictivo" con protestas y concentraciones en las inauguraciones de curso de los distintos niveles educativos, desde Infantil hasta la Universidad, pasando por la Formación Profesional. Estas movilizaciones estarán coordinadas previsiblemente desde la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública, integrada por sindicatos de profesores, padres y alumnos. Además, Campos no descarta una huelga general de la enseñanza en noviembre.

Para el dirigente de FE-CC.OO las iniciativas aprobadas por el Ministerio de Educación, através del Real Decreto de Medidas urgentes de racionalización del gasto público educativo, en el que se incluye el aumento de las horas lectivas del profesorado o del número de alumnos por aula, va a suponer el "despido de 50.000 trabajadores" del sistema educativo este curso.

"El escenario es bastante difícil porque todas las iniciativas suponen un ataque a la escuela pública y a la igualdad de oportunidades", ha aseverado, para añadir que la organización que dirige anima al profesorado a participar en la marcha del 15 de septiembre convocada por los sindicatos UGT y CC.OO.

Iniciativas parlamentarias

En el Congreso, el Grupo Socialista ha registrado ya una proposición no de ley para solicitar al Gobierno que elabore un catálogo de servicios mínimos en el ámbito educativo con el objetivo de paliar las "desigualdades" que, a su juicio, se están dando en el acceso a este servicio público básico entre las comunidades autónomas, con motivo de la aplicación de las medidas de ajuste. En esta misma iniciativa, los socialistas piden también un programa para el mantenimiento de la red de escuelas rurales.

La subida del IVA para el material escolar es otro de los asuntos que "preocupan mucho" a las familias españolas, pues las organizaciones de consumidores aseguran que va elevar un 3% el gasto para la vuelta al cole. A esto se une la reducción de hasta un 75 por ciento del presupuesto autonómico dirigido a las ayudas y becas para la adquisición de libros de texto. Según la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), un tercio de las familias con hijos en edad escolar no va a poder hacer frente al coste que supone el inicio del curso.

El presidente de este colectivo de padres de la escuela pública, Jesús María Sánchez, ha solicitado a las administraciones autonómicas que mantengan las ayudas para libros, que se pongan en marcha programa de reutilización e incluso que el Gobierno permita a las familias con menos recursos poder desgravarse el IVA en la regulación del IRPF de la declaración de 2012, una propuesta que Izquierda Unida va a llevar al Congreso de los Diputados para su debate.

Sánchez augura un inicio de curso "muy problemático" debido también al aumento de los alumnos por aula o el "despido" de profesionales interinos. No descarta que los padres vuelvan a participar "de forma activa" contra las medidas de recorte, que, a su juicio, "dañan" a la educación pública. "Nunca ha habido nada igual, hay una gran convulsión y el tema, en lugar de despejarse, se antoja cada vez más complejo", lamenta.

Desde la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) piden la "colaboración" de los Gobiernos central y autonómicos "para que ayuden a las familias a superar la crisis" y busquen "fórmulas alternativas", como la gestión de préstamo de libros de texto a través de las asociaciones de padres de alumnos de los centros (APAS) o planteando la posibilidad de "abonos escolares" para que los alumnos puedan utilizar el transporte público, especialmente en las ciudades, entre otras medidas.

Además, piden a las empresas de servicios escolares, desde editoriales, empresas de catering o las de venta de uniformes, que "rebajen beneficios" y "colaboren" con las familias, "en este momento tan difícil para ellas". Finalmente, instan al Gobierno central y autonómicos a que traten "en las mismas condiciones" a las familias de centros públicos y concertados, puesto que "la crisis es igual para todos" y "para que las cargas y sacrificios sean repartidos equitativamente".

Cobrar o no por la fiambrera

La posibilidad de que los estudiantes en algunas comunidades puedan llevar al colegio la comida de casa y renunciar así al menú del catering, con el objetivo de que las familias ahorren en gastos, ha sido bien acogida por los padres. Sin embargo, el anuncio de Cataluña de cobrar hasta tres euros diarios a estos alumnos por usar el comedor ha sido objeto de críticas por varios colectivos, entre ellos las asociaciones de padres.

Otras comunidades, como la valenciana, deja en manos de los consejos escolares aplicar o no cargas económicas, mientras que Madrid aprobará una orden en septiembre para que los centros decidan, aunque su presidenta, Esperanza Aguirre, ha avisado de que los profesores podrían ser los encargados de vigilar a estos alumnos para no cargar con trabajo adicional al personal del catering.

El pago por usar las instalaciones escolares para comer ha llevado a UPyD a registrar una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados que persigue prohibir a los colegios públicos y concertados ejecutar este cobro. Según explica, el precio medio del comedor está entre los cuatro y los seis euros diarios, lo que supone un gasto de entre 80 y 130 euros mensuales por hijo en las familias que no reciban ninguna ayuda, "una situación cada vez más frecuente debido a los recortes en las becas para estos fines".

Debate sobre la enseñanza diferenciada

Dos sentencias del Tribunal Supremo contra los conciertos a los centros escolares que separan a los alumnos por razón de sexo han marcado el final del verano, pues tras estas resoluciones judiciales se ha vuelto a encender el debate sobre si la educación diferenciada debe o no recibir fondos públicos.

Se trata de un asunto que, posiblemente, siga discutiéndose en los próximos meses porque el ministro de Educación no descarta, dentro de la reforma del sistema educativo, introducir en la ley una referencia explícita a que esta modalidad de oferta educativa no tiene por qué suponer ni discriminación ni segregación y por tanto pueda ser subvencionada.

La libertad de elección de los padres, defendida por unos, y la igualdad de oportunidades de niños y niñas en la educación y no discriminación por razón de sexo, apoyada por otros, son los principales argumentos en el debate sobre este modelo educativo que, para el ministro, no es otro que una opción más dentro de un sistema en el que predomina "de forma abrumadora" la coeducación o educación mixta.