Los rectores exigen al Gobierno el fin de las medidas de austeridad y la vuelta al "sentido" de la equidad en las becas

El documento, difundido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) pide en concreto la revocación del Real Decreto de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, en el que se recogían una serie de recortes que "eran excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica del momento".

"Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen", dicen los rectores.

Según explican, aquella norma que modificó la Ley Orgánica de Universidades, "afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente" y los presupuestos aprobados a partir de la misma "han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades".

"Los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en todos los niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades", reclaman los rectores.

En este sentido, denuncian que la nueva regulación de las becas ha cambiado "su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan", mientras las ayudas Erasmus "han restringido también sus criterios de concesión en los últimos dos años".

En investigación, señalan que "el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación", en un "entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión" que, según afirman, "contrasta con la política de los países más avanzados".

"Los rectores consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo", denuncia el manifiesto de la CRUE.

Además, dice que "el acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición" que "cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación".

"Las limitaciones normativas han provocado que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios se hayan llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión", apuntan los rectores.

En su opinión, "debe ser posible" que las universidades configuren ordenadamente sus plantillas, "con fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica". "Debe retomarse el apoyo a la investigación y a la innovación para regresar a una senda de crecimiento, basado en el conocimiento y la especialización inteligente y sostenible, que evite la pérdida de talento y aproveche la formación proporcionada", reivindican.