Los regantes piden suprimir las empresas públicas en la gestión de obras hidráulicas por encarecer los costes

Durante su participación en una jornada del Colegio de Ingenieros de Caminos sobre sostenibilidad económica, Del Campo ha manifestado que "una vez cumplido" el objetivo para el que estas empresas de capital público se crearon "carece de sentido perpetuarse en el tiempo", sobre todo cuando ya existen corporaciones competentes y cualificadas para ello.

Por ello, FENACORE recuerda que deben ser las demarcaciones hidrográficas "las únicas" que se hagan cargo de la gestión de las obras de regulación, mientras que las comunidades de regantes deben hacer lo propio con la explotación de las obras de modernización de regadíos, "evitando así duplicidades competenciales".

En general, Del Campo considera que en muchos casos estas empresas públicas se escudan en la explotación de las obras en las que se han intervenido para actuar ahora como compañías de servicios y gestión de estas infraestructuras hidráulicas, financiándose a través de un incremento de los cánones que deben soportar los propios usuarios.

Concretamente, ha puesto de ejemplo los embalses de Breña y Arenoso, de los que ha dicho que "si fueran gestionados, como correspondería, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lugar de por la empresa Acusur/Acuaes, evitaría a los regantes un sobrecoste anual de alrededor de 1,5 millones de euros".

"Por una mera razón de reducción de costes y eficacia, habría que terminar con la subcontratación de estas empresas públicas que fueron constituidas en las últimas décadas con el cometido de gestionar o financiar nuevas infraestructuras hidráulicas; un cometido ya terminado y que no tiene sentido mantener, máxime con la sequía presupuestaria de las Administraciones", ha insistido el presidente de los regantes.

En este contexto, Del Campo ha mostrado también su preocupación por el "mal ejemplo" de Portugal, que plantea traspasar la gestión de los regantes y otros usuarios que se abastecen de Alqueva, la mayor presa de Europa, a una empresa pública. A su juicio, esto supondría no solo encarecer innecesariamente los costes de explotación de los agricultores y, por tanto, reducir su competitividad, sino desautorizar a las comunidades de regantes que llevan en este país más de 60 años auto-regulándose y auto-gestionando eficazmente los recursos hídricos.

Finalmente, ha dicho que confía en que Portugal recapacite y no tome una "decisión en falso que pueda ir a contracorriente", ya que la iniciativa supone un "claro paso atrás" al adoptar la tendencia contraria a lo que se está siguiendo en Europa y a nivel mundial, de corresponsabilidad entre administraciones y usuarios en la gestión de los recursos y que se inspira en el modelo de comunidades de regantes para alcanzar una mejor administración del agua de riego.