Los tribunales ya reconocen expresamente el interés superior del menor en acogida familiar: 250 sentencias desde 2015

Los tribunales han dictado un total de 250 sentencias en las que se hace una referencia expresa al interés superior del menor en los procedimientos de acogimiento familiar, por encima de la familia acogedora, de la biológica y de la propia administración. Se trata de uno de los aspectos judiciales positivos de la aplicación de la reforma de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia de 2015.

Así lo ha puesto de manifiesto la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas y ex directora de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Salomé Adroher, durante su intervención en el III Congreso Interés Superior del Niño de la Asociación Española de Acogimiento Familiar (ASEAF), que se celebra este martes 28 y miércoles 29 en Madrid.

La vicepresidenta de esta organización y coordinadora del congreso, María Araúz de Robles, ha indicado en declaraciones a Europa Press que los tribunales españoles y, en concreto, el Tribunal Supremo, en estas 250 sentencias, "ponen en el centro" el interés superior del niño "como criterio básico, por encima de la familia biológica, la de acogida o de la administración pública".

"Este es el principio que tiene que regir en todos los procedimientos de acogida", ha subrayado Araúz, que ha añadido que esto es "lo que marca la ley", como también "priorizar las medidas estables frente a las temporales, las familiares a las residenciales".

También ha indicado el retorno del niño a su familia biológica tiene que contar con "todas las garantías", pues no basta con que haya una evolución positiva de los padres, sino que el cambio tiene que ser total. Así, ha subrayado que hay desde 2015 hay una mayor revisión porque "un retorno con un nuevo fracaso es mucho peor que si un niño se mantiene en un centro, pues las adversidades se van sumando a su historial".

Lo mismo ha indicado la exdirectora de Familia e Infancia sobre la reforma de la ley y ha alertado de que uno de los temas más sensibles que se dan en el ámbito judicial tiene que ver con el deseo de los padres acogedores de mantener la relación con el menor después del retorno con su familia biológica, mediante un régimen de visitas, pues "lamentablemente" algunos juzgados la impiden.

"Si se tiene en cuenta el interés superior del menor, probablemente, lo más beneficioso y positivo para el sea que mantenga el contacto con sus padres acogedores", ha subrayado Adroher.

NECESARIA COOPERACIÓN ENTRE CCAA

Esta experta también ha señalado que entre los retos del acogimiento familiar está el de promover la cooperación entre las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de infancia, porque la legislación estatal no lo resuelve todo. "Aquí hay mucho que hacer, hacen falta acordar criterios comunes", ha apostillado, para añadir que es necesario un sistema de información compartido.

Por último, ha indicado que el fomento del acogimiento familiar "corresponde a todos, a cada uno en su lugar", en alusión a las administraciones autonómicas que también han tenido voz en este III congreso de ASEAF, concretamente, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Sus representantes han admitido en una mesa redonda que si bien la Ley de Protección de la Infancia de 2015 ha supuesto un revulsivo en materia de acogimiento familiar, también han afirmado que queda mucho por hacer y que no todas hacen los mismos esfuerzos. Además, han subrayado que entre las causas de que haya más de 15.000 niños en residencias y no en familias radica en la falta de promoción del acogimiento.

EL PROBLEMA DE LA CONCILIACIÓN

El director general de Familia y Políticas Sociales de Castilla y León, Pablo Rodríguez, ha denunciado que en las administraciones públicas se "pierde el tiempo" buscando fórmulas cuando "está todo inventado y experimentado".

En este sentido, ha señalado que la promoción del acogimiento no es suficiente y que es necesario dar "más facilidades" a los padres acogedores, no sólo con apoyo económico, sino, sobre todo, con medidas que les permitan una mayor conciliación de la vida familiar y laboral: excedencias, reducciones de jornada y beneficios fiscales, entre otras.

Asimismo, ha criticado que es en la propia administración donde hay que hacer una mayor pedagogía del acogimiento y ha apostado por una acreditación digital para las familias acogedoras: "No es normal que en estos tiempos tengan que llevar un papel en el bolsillo para acreditarlo antes los funcionarios".

La directora general de las Familias y Menores de la Junta de Castilla-La Mancha, María Ger Martos, ha incidido también en la necesidad de mejorar los apoyos a las familias acogedoras y ha advertido de que en España existe un problema "complejo" de conciliación y ha asegurado que esto "influye" en el desarrollo del sistema de acogimiento: "Si tenemos dificultades para atender a nuestros propios hijos, también a los niños de acogida".

"Esto hay que solucionarlo y sería muy beneficioso para el sistema", ha aseverado esta responsable autonómica, que ha indicado que su Gobierno está elaborando un Plan de acogimiento para "revisar" el tratamiento de las 'familias extensas', en las que los niños son atendidos por sus abuelos o tíos, y ha incidido en la necesidad de formar a las personas que atienden a los niños en dificultades, " no sólo desde el punto de vista técnico, sino también humano".

ELEVAR LA EDAD DE EMANCIPACIÓN A LOS 25 AÑOS

Por su parte, la directora general de Infancia de la Comunidad Valenciana, Rosa Molero, ha indicado que esta administración va a aprobar la Ley Valenciana de Infancia, que se encuentra en el segundo trámite de audiencia, con el objetivo de adaptarse a la normativa estatal de 2015 y recoger las peticiones de las 'familias educadoras' (de acogida).

Asimismo, ha indicado la necesidad de elevar la cantidad de dinero destinado a los padres de acogida para la manutención de los niños, menmediante un nuevo decreto, y ampliar la edad de emancipación de estos niños de los 18 a los 25 años, así como "multiplicar" el personal que atiende a los niños en residencias y una formación "muy potente en el apego y vínculos afectivos".