Un juzgado suspende cautelarmente el protocolo catalán sobre pobreza energética

En un auto de este jueves, el juzgado contencioso ha admitido un recurso de Endesa en el que considera que el protocolo obliga a las suministradoras a mantener el servicio en caso de que el cliente esté en riesgo de exclusión, cuando esta obligación no se incluye en la ley y en todo caso fue considerada inconstitucional.

El juzgado considera que, pese a que la Agencia Catalana del Consumo de la Generalitat asegura que el protocolo solo es vinculante para las partes que lo firman y busca facilitar a los servicios sociales y de intervención una herramienta de trabajo, en realidad lo que se pretende "es que sea de obligado cumplimiento para las empresas".

Para el tribunal, "la imposibilidad de que se corte el suministro establecida por el protocolo supone para las empresas la obligación de mantener el servicio sin percibir del usuario las tarifas legalmente previstas, de ahí que ese coste deberá compensarse para garantizar la sostenibilidad del conjunto del sistema eléctrico".

Por eso, el juzgado considera que esa compensación puede comportar que los demás usuarios, incluidos los de fuera de Cataluña, "puedan ver incrementadas sus facturas para evitar un eventual desequilibrio entre ingresos y costes del sistema derivados de la aplicación del protocolo".

Para el tribunal, el protocolo "supone una quiebra del principio constitucional de seguridad jurídica", lo que justifica la adopción de la medida cautelar de suspensión, además de que obliga a la Agencia Catalana del Consumo a publicar en su web esta decisión.

Así, recuerda que el TC ha declarado inconstitucionales y nulos los apartados 6 y 7 del artículo 252.4 del Código de Consumo de Cataluña, en las que se establecen obligaciones similares para las compañías suministradoras que las que se recogen en el protocolo.

Para el juzgado, si una norma, con rango de ley, que contiene previsiones similares a las que se incluyen en el protocolo, ha sido suspendida por el Constitucional, los criterios tenidos en cuenta por el Alto Tribunal "son perfectamente trasladables" al caso actual.

RECURSO

En su recurso contencioso, Endesa justificaba la petición de suspensión cautelar porque con el protocolo se está estableciendo "ex novo" la obligación de las empresas suministradoras de mantener el suministro a personas que estén en un supuesto de riesgo de exclusión residencial, cuando esa previsión no se incluye en la Ley 24/2015, y por vulnerarse las competencias del Estado.

Alegan que aplicar esta medida puede suponer vulnerar competencias del Estado, afectar la sostenibilidad del conjunto del sistema eléctrico, con el quebranto del principio de igualdad entre los españoles, que podrían ver incrementadas sus facturas para evitar un eventual desequilibrio entre ingresos y costes de la eléctrica.

La Generalitat se opuso a la suspensión alegando que el artículo 6 de la ley no había sido impugnado y que no es el protocolo el que obligará a las eléctricas a no poder cortar el suministro, y aseguró que el protocolo solo es una guía para facilitar a los agentes implicados la aplicación de la normativa vigente, lo que podría resultar un acto inimpugnable.