Aprobada la norma que elimina el consentimiento tácito o la omisión para el uso de datos de carácter personal

Según el ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, este proyecto se aprueba para ir "acomodando la legislación española a muchas de las figuras y de los mandatos" contenidos en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

"En los últimos años, en el ámbito de la Unión Europea y en línea del artículo 18.4 de la Constitución se ha trabajado para lograr una regulación más uniforme del derecho de protección de datos de carácter personal", ha explicado Méndez de Vigo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha recordado que fruto de ello nace el Reglamento 679/2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Así, el ministro ha indicado que este reglamento es de aplicación "directa e inmediata", y ha adelantado que el proyecto de ley tiene por objetivo "el aumento de la seguridad jurídica conservando la posibilidad de que el tratamiento de datos se encuentre amparado en una ley" y establece la prevalencia del interés legítimo de quien trata los datos.

Asimismo, según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, se permite a los herederos solicitar acceso a datos de personas fallecidas, así como su rectificación o supresión; desaparece el consentimiento tácito o por omisión, que implicaba que los datos serían usados salvo que se manifestase la negativa de forma expresa; los menores podrán prestar consentimiento con 13 años.

Del mismo modo, se recoge la denominada información por capas; se regulan los sistemas de información crediticia; videovigilancia; sistemas de exclusión publicitaria. "Un proyecto que nos equipara con Europa, que refuerza también la seguridad jurídica y la transparencia, y adapta el artículo 18.4 de la Constitución a la realidad actual de la protección de los datos personales", ha concluido.