Autorizada la trasmisión de parte de la red del Gobierno vasco a Euskaltel

La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Cámara vasca se ha reunido este lunes en sesión extraordinaria para debatir sobre esta autorización del Gobierno vasco, a la que Aralar y EA se han opuesto con la presentación de sendas alegaciones. Sin embargo, ninguna de las iniciativas ha salido adelante, ya que PNV, PSE y PP se han mostrado a favor de la operación planteada por el Gobierno vasco.

La fórmula que prevé emplear el Gobierno vasco para que Euskaltel adquiera la red de telecomunicaciones sobre la que en la actualidad opera en régimen de arrendamiento es la de una 'aportación no dineraria'. Los bienes y derechos que se aportarán a la empresa de telecomunicaciones han sido valorados en 68 millones de euros y, como contraprestación a esta aportación, el Gobierno autonómico recibirá un paquete de acciones de Euskaltel "de valor equivalente".

Esta 'aportación no dineraria' está vinculada a una segunda actuación, consistente en la venta de una parte de las acciones del Ejecutivo en Euskaltel. En la actualidad, la Administración autonómica tiene una participación del 7,45 por ciento en la empresa. El objetivo de la venta de acciones que se llevaría a cabo sería reducir esta participación hasta situarla por debajo del cinco por ciento.

Las operaciones --transmisión de la red de telecomunicaciones y posterior venta de participaciones del Ejecutivo-- están unidas, de forma que si la segunda no se lleva a cabo, la primera quedaría sin efecto.

EL DEBATE

El parlamentario de Aralar, Dani Maeztu, ha considerado "muy grave" que el Gobierne vasco otorgue la red pública de telecomunicación a Euskaltel y que venda las acciones que posee de la empresa, ya que cree que con esta operación "pretende cubrir las deficiencias de gestión de una empresa privada con patrimonio público, con un patrimonio público que se ha conseguido con los impuestos de toda la ciudadanía, y a su vez el Gobierno vasco quiere hacer caja".

Asimismo, ha resaltado que "el Gobierno vasco quiere vender sus acciones de Euskaltel para hacer caja y, al mismo tiempo, Kutxabank, el accionista mayoritario ha mostrado la misma intención".

En este sentido, ha recordado que Kutxabank ha adelantado el importe de 222 millones de euros que Euskaltel debe abonar a Orange en cumplimiento de la sanción impuesta. "Estos 222 millones de euros se reflejan por tanto en el balance de Kutxabank, dado que es el accionista mayoritario, y pretende reducir su participación en la operadora vasca de telefonía en más de un 50 por ciento para poder eliminar dicha cantidad de su balance", ha denunciado.

Desde EA, Juanjo Agirrezabala también ha expresado su oposición a la citada operación al considerar que supondrá una reducción de la presencia del Gobierno vasco en el accionariado de Euskaltel, hasta dejarla por debajo del 5 por ciento, lo que ha calificado como "preocupante" ya que "significa una pérdida de patrimonio público y renunciar a las posibilidades del Gobierno para el control, tutela y seguimiento de la compañía".

Asimismo, ha denunciado que se plantea la venta de redes a un inversor externo, lo que "supondrá el riesgo de que un inversor ajeno a la sociedad vasca se haga con el control de Euskaltel y el centro de decisión salga de Euskal Herria, con lo que las decisiones estratégicas de la compañía responderían a intereses ajenos a los vascos".

RESPALDO A LA OPERACIÓN

El parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria se ha mostrado a favor de la operación y ha aclarado que tras la transmisión, el Gobierno vasco se queda con "una parte importante" de la red de telecomunicaciones "para poder utilizarlo en el ejercicio de sus competencias cuando lo necesite". Además, ha explicado que se trata de un bien de dominio público y no de un bien patrimonial, por lo que el gobierno puede venderlo y/o alquilarlo. "No hay un pérdida de patrimonio", ha insistido.

Por otro lado, ha recordado la reciente venta por parte de Kutxabank de participaciones de la empresa Euskaltel, para defender que es importante que entre el Gobierno vasco y Kutxabank mantengan la mayoría en Euskaltel porque es "garantía" para que los centros de decisiones se mantengan en Euskadi. "El gobierno se queda con la parte fundamental de la red y aún con la bajada que tendrá Kutxabank en la participación, ambos superan el 50 por ciento, lo que garantiza que Euskaltel siga siendo una empresa vasca", ha indicado.

La parlamentaria del PSE Txaro Sarasua ha resaltado que "la Administración vasca se reserva canalización suficiente para implementar, si fuera conveniente, una red propia y administrativa".

Asimismo, ha insistido en que el gobierno seguirá teniendo una "presencia interesante" en la empresa y ha criticado que las alegaciones presentadas por EA y Aralar "no tienen el suficiente fundamento" para paralizar esta operación que "beneficiará tanto a Euskaltel como al gobierno, quedando salvaguardados los intereses de todos los ciudadanos.

"El Gobierno mantendrá una participación minoritaria que le permitirá mantener un conocimiento y tutela acerca de la posición de Euskaltel como empresa líder vasca en el mercado de las telecomunicaciones", ha indicado.

Por otro lado, ha defendido que la estrategia del gobierno de transmitir red y ligarla a la venta de participaciones es lo que "garantiza que los 600 puestos de trabajo de la empresa Euskaltel se mantengan". "Esta operación resulta beneficiosa económica y políticamente para Euskadi porque se ayuda a una empresa estratégica para hacerla más rentable y se produce un retorno económico a toda la ciudadanía vasca de un dinero que permitirá la inversión en políticas socialmente prioritarias", ha insistido.

El parlamentario del PP Antonio Damborenea, por su parte, ha afirmado que el planteamiento de EA es "totalmente contrario a las directrices europeas" y ha indicado que "pretender el control, tutela y seguimiento de la actividad de una compañía privada pertenece a ideologías caducas". Además, ha rechazado que esta operación suponga pérdida de patrimonio porque se trata de un "intercambio de patrimonio".

Por último, Damborenea se ha dirigido a Maeztu para afirmar que "evidentemente la venta de patrimonio tiene como objetivo 'hacer caja'", y ha indicado que con esta transmisión "se puede conseguir un rendimiento a un patrimonio que actualmente se podría valorar en cero".