Científicos exigen al futuro Gobierno un Ministerio de Ciencia y mayor implicación de expertos en las políticas

Además, apunta hacia la necesidad de "cambios profundos" en las políticas de I+D+i, tanto en el ámbito del poder ejecutivo como en el legislativo, según se desprende de las conclusiones preliminares de su proyecto DECIDES (Debates sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social), que analiza en profundidad cuestiones como los recursos, la gestión y la ética de la ciencia.

El presidente de la COSCE, Nazario Martín, ha señalado que estos cambios son necesarios "si no se quiere perder el tren del desarrollo económico social".

Sobre la creación del Ministerio, los más de 30.000 científicos españoles que forman la confederación defienden que, ante la influencia de la ciencia en la economía, la política y la sociedad, es necesario que el sector tenga una silla en el Consejo de Ministros, lo que, además, generaría que se creara una comisión parlamentaria, algo absolutamente imprescindible.

Entre las reclamaciones de la COSCE también se incluye la creación de un Fondo Estable de Inversión para la Investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación gestionado por científicos de reconocido prestigio. No obstante, como señala Martín, "los cambios necesarios no son sólo una cuestión de financiación, sino que también son necesarios cambios funcionales en la manera en la que el poder ejecutivo y el legislativo deberían enfocar las políticas científicas".

Del mismo modo, exigen que se dedique, al menos, un pleno anual en el Congreso de los Diputados para debatir la situación de las políticas científicas y tecnológicas.

LA CIENCIA NO ESTÁ EN AGENDA

En base a los resultados del informe DECIDES, la COSCE considera que en España la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación como instrumentos de progreso no acaba de verse reflejada en las agendas de los políticos ni en las estrategias de un gran numero de empresarios y de dirigentes sociales.

A su juicio, es una prueba de ello la escasa presencia y relevancia de las políticas de I+D+i en el debate político y la insuficiente presencia de asesores científicos y tecnológicos en la toma de decisiones en las instituciones y organismos públicos y privados.