Científicos se reúnen con diputados del Congreso para impulsar un Pacto de Estado "ahora o nunca"

Su presidente, Nazario Martín, ha destacado que los diputados que integran esta Comisión se han mostrado "muy receptivos". "Ahora mismo se dan las circunstancias necesarias para alcanzar ese Pacto de Estado y existe unanimidad entre científicos y políticos: es ahora o nunca", afirma Martín, que considera que los "problemas" de la ciencia ya están analizados y ahora lo que toca es emprender acciones y planear propuestas concretas.

A la reunión han asistido representantes de la COSCE, la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), la recién constituida Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu (SOMMa), la iniciativa #cienciaenelparlamento y la Sociedad de Investigadores Españoles en Reino Unido (CERU), quienes han expuesto a los parlamentarios su preocupación por el estado actual de la ciencia en España.

Los científicos han trasladado a los representantes de todos los partidos la necesidad de alcanzar un Pacto capaz de desligar la investigación de los ciclos políticos, propiciado por el colectivo científico, y suscrito por las fuerzas políticas y por cuantas entidades públicas y privadas quieran adherirse.

Los representantes de los científicos han informado también a la Comisión sobre las consecuencias negativas que nuevos reglamentos como la Ley de Contratos Públicos pueden tener para el futuro de la ciencia. Según la COSCE, este tipo de situaciones se dan porque tanto el Parlamento como el Gobierno carecen de asesores científicos que les puedan orientar de manera previa sobre las consecuencias de estos tipo de decisiones.

Asimismo, han reiterado a los diputados la vigencia de las reclamaciones que se incluían en el Manifiesto por la Ciencia, impulsado en abril de 2017 por la COSCE y apoyado por las principales organizaciones científicas españolas.

RECLAMACIONES DEL MANIFIESTO

Entre las reclamaciones que incluía el Manifiesto por la Ciencia se encuentran la puesta en marcha de un ente realmente independiente de la Administración, responsable de los instrumentos y recursos derivados de las políticas científicas, y gestionado por personas expertas del mundo de la ciencia, libre de los ciclos electorales.

Según el documento, este ente ha de tener una estructura de agencia, homologable al European Research Council europeo, y dotado de un fondo estable de inversión procedente de los Presupuestos Generales del Estado, con instrumentos adecuados para la captación de fondos privados, y un compromiso claro por la captación y retención del talento joven.

Igualmente, propone la integración de la ciencia en la agenda política, de forma que quienes deben tomar decisiones legislativas y ejecutivas en políticas científicas dispongan de información científica constante, suficiente y eficaz mediante la incorporación de entidades personales o colectivas independientes que asesoren a los miembros del Congreso que lo requieran, y a los componentes del Ejecutivo, desde la presidencia del Gobierno a las estructuras ministeriales.

Por último, destaca el reconocimiento del protagonismo y responsabilidad que la ciencia debe ejercer en la gestión política, con la eficacia que demandan los ciudadanos, mediante la restitución del Ministerio de Ciencia y la institución de un plenario anual en el Congreso dedicado a la ciencia en exclusiva.