El Congreso rechaza las seis peticiones de la oposición de retirar la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual

El portavoz del PP en la Comisión de Cultura, Juan de Dios Ruano, ha argumentado que rechaza las seis enmiendas presentadas por los grupos de la oposición a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual porque la reforma es "necesaria" y "urgente".

Según ha asegurado, esta reforma quiere reforzar los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de la propiedad intelectual, asegurando eficacia en su funcionamiento y mejorando la protección de los creadores culturales frente a las vulneraciones que puedan surgir en cuanto al entorno cultural.

Igualmente, sostiene que es urgente porque hay que trasponer dos directivas europeas pendientes. Así, tras el rechazo de estas seis enmiendas de devolución, el texto del Gobierno pasa a debatirse con competencia legislativa plena en la Comisión de Cultura, que enviará directamente al Senado el texto legislativo.

Por parte del PNV, Joseba Agirretxea, tampoco acepta las enmiendas porque opta por "dialogar" ya que considera que el texto es "mejorable" en el trámite parlamentario. Eso sí, ha subrayado que este proyecto de ley tiene un "despiste jurídico" en materia competencial. "Para afrontar una reforma total de esta índole hay que realizar un verdadero diagnóstico de la situación de la propiedad intelectual", ha defendido.

Así, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha sido el encargado de defender el proyecto de ley en el Hemiciclo del Congreso, un texto que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 14 de febrero.

EL "MÁXIMO" CONSENSO

Supone una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante el cual se modifican el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año 2000. El objetivo del Gobierno es alcanzar el "mayor consenso" posible durante la tramitación parlamentaria para el "mejor futuro" de las industrias culturales y creativas, según ha destacado el ministro.

Wert ha indicado que en él se refuerzan los mecanismos de regulación y transparencia de las entidades de gestión de la propiedad intelectual, se unifica el lugar de pago, a través de una ventanilla única, de los usuarios que utilizan estos contenidos. Según ha indicado habrá tres agentes de supervisión: el Ministerio de Cultura; la Comisión de Propiedad Intelectual y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

TASA 'GOOGLE'

Igualmente, ha indicado que se "mejora" la protección de los derechos de la propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital, se da una nueva regulación del concepto de copia privada y se adapta el límite de la reseña de los agregadores de contenidos o buscadores de Internet, es decir, se reconoce el derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias de ser compensados económicamente por la explotación en determinadas circunstancias de sus contenidos. Este último precepto es el que se conoce como 'Tasa google' y ha generado polémica entre los distintos agentes del sector.

Además, el ministro ha resaltado que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería ya que la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.

Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.

A su vez, esta normativa traspone dos directivas europeas, la primera de 2011 que amplía de 50 a 70 años el plazo de protección de artistas de obras musicales con letra, así como otra de 2012 por la que se establecen garantías jurídicas para las 'obras huérfanas'.

Según ha reconocido Wert, se trata de una reforma "parcial" aunque eso "no excluye que sea importante" para las industrias culturales y creativas que producen cerca del cuatro por ciento del PIB, por tanto "parte importante y efectiva del proceso de recuperación y crecimiento de empleo".

LA POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En cuanto a las enmiendas de totalidad, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC, BNG y Amaiur han coincidido al criticar que esta normativa no cuenta con el apoyo del sector, ni comparten que se vaya a reformar la ley ahora cuando un año después de su aprobación se prevé "una reforma general", según ha asegurado Wert.

De hecho, para el portavoz del PSOE en la materia, José Andrés Torres Mora, es el punto que principalmente debe cambiar en la normativa para que pueda llegar a plantearse su grupo parlamentario si apoyar al Gobierno en su tramitación parlamentaria.

El diputado de IU-ICV-CHA Chesús Yuste sostiene que este proyecto de ley ha sido elaborado sin diálogo con los sectores implicados, y supone una representación más del "fracaso" del Gobierno sobre la Cultura. Al mismo tiempo considera que esta ley debilita la protección de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas tecnológicas.

Mientras, Martínez Gorriarán, ha alertado de que hay directivas y sentencias de la UE que podrían "entrar en conflicto" con esta "minireforma". "Esta reforma me deja perplejo. Da la impresión de que sale del laboratorio alquimista de Hacienda. Sirve para defender intereses rancios de personas que no quieren adaptarse al actual mundo digital", ha sentenciado.

LA ABSTENCIÓN DE CIU

Mientras, la portavoz de CIU en la Comisión de Cultura en el Congreso, Monsterrat Surroca, ha justificado su abstención a la hora de respaldar o no las enmiendas presentadas por sus compañeros de oposición en que confía en que en el trámite parlamentario el texto se mejore. "Es un punto de partida", ha señalado en varias ocasiones.

En su opinión, esta reforma es "tímida" y con "muchos flecos sueltos" aunque "necesaria en su contenido" para el sector cultural. Eso sí, no comparte el enfoque que el Gobierno ha propiciado a esta modificación legislativa.

"Somos fervientes partidarios de la reforma, pero eso no significa que estemos de acuerdo con el texto del Gobierno, que es insuficiente y del que no acaba de convencernos su enfoque. Para eso está la tramitación parlamentaria", ha insistido, al mismo tiempo que comparte que la norma debe atender el actual reparto de competencias que a su juicio vulnera el proyecto de ley presentado por el Gobierno.