WikiLeaks acusa a ex empleados y medios de revelar la identidad de las fuentes

WikiLeaks ha acusado a sus ex empleados y a los medios de comunicación de propiciar la divulgación de la identidad de quienes sirvieron de fuente de información a los diplomáticos estadounidenses que elaboraron los cables del Departamento de Estado divulgados por la organización.

A través de mensajes encriptados publicados en Twitter, WikiLeaks considera que ha sido la "mala gestión" de los documentos lo que ha permitido revelar estas identidades, que en algunos de estos cables aparecían como "estrictamente clasificadas".

En uno de estos mensajes, hace responsable a "la corriente dominante de los medios de comunicación" de "publicar sin editar los 251.000 cables divulgados". "No ha sido un error de WikiLeaks. Ha sido una enorme negligencia de los medios", asevera.

Dos fuentes cercanas al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, han asegurado que éste ha acusado a su antiguo colaborador, Daniel Domscheit-Berg, y al diario británico 'The Guardian', de facilitar la contraseña que ha permitido desencriptar los 1,73 gigabytes protegidos en cada documento para ocultar dichas identidades.

Por su parte, un portavoz de The Guardian ha negado estas acusaciones, que implican directamente a dos redactores que en febrero publicaron un libro sobre WikiLeaks, en el que aparecía una contraseña. "Esta acusación no tiene sentido. El libro aportaba la contraseña, pero advertía de que era temporal", ha apuntado.

En la misma línea, se ha manifestado el editor de la publicación alemana Der Freitag, asegurando que las contraseñas estaban disponibles en Internet, por lo que "ha sido fácil acceder a ella".

PARTE DE UNA ESTRATEGIA

En este contexto, antiguos colaboradores de WikiLeaks han apuntado que el propio Assange podría haber provocado este agujero de seguridad, como parte de una estrategia para recuperar la atención mediática sobre las filtraciones de la organización.

Dos fuentes de los medios de comunicación aseguran que en la última publicación de cables, unos 143.000, aparecen los nombres de los informantes, pese a que en algunos de estos documentos se especifica que deben protegerse.

El personal del Departamento de Estado y varios activistas por los Derechos Humanos han mostrado su preocupación por la publicación de estas fuentes, que incluyen a activistas, periodistas y académicos en países con Gobiernos autoritarios, y que, por tanto, podrían enfrentarse a represalias.