¿En qué consiste la Carta de Derechos Digitales?

El Gobierno ha lanzado la Carta de Derechos Digitales con el fin de acelerar la transformación digital y aprovechar las nuevas oportunidades económicas y sociales, pero también de evitar todos los riesgos que conlleva, entre ellos el aumento de las desigualdades de género, generacionales o territoriales.

Se trata de un documento en cuya elaboración ha participado un equipo multidisciplinar de expertos durante más de un año. No tiene carácter normativo, pero sí radiografía y traslada al ámbito digital todos los derechos fundamentales de una sociedad cada vez más dependiente de los entornos, de los dispositivos y de los servicios digitales.

La Carta, presentada este miércoles en el Palacio de la Moncloa en un acto presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consta de seis ejes de derechos en 28 apartados, que se conforman en derechos de libertad; de igualdad; de participación; laborales; derechos digitales en entornos específicos y garantías y eficacia.

Sánchez ha defendido que este documento sea un deber "autoimpuesto" para el Gobierno que debe servir como referencia para la acción de todos los poderes públicos en el objetivo de desarrollar políticas públicas más justas.

Cree que este texto era "uno de los compromisos más importantes" del Gobierno y que supone, no solo reaccionar, sino reconocer y ampliar derechos para la ciudadanía".

Sánchez ha destacado algunos aspectos de la carta como la protección ante la inteligencia artificial, el derecho a solicitar intervención humana en un proceso o la no discriminación algorítmica.

"Ningún territorio puede quedar al margen de esta transformación y transición digital", ha subrayado el presidente, que ha reconocido que la pandemia ha evidenciado que, a veces, la tecnología ha avanzado más rápido que las políticas públicas.

La jurista Susana de la Sierra, participante en el grupo de expertos consultados para elaborar la Carta de Derechos Digitales, ha ensalzado el documento diseñado, "pionero" en Europa y que, según ha dicho, busca "no dejar a nadie atrás en la transformación digital".

Así lo ha afirmado en su intervención en el curso 'La Protección de los Derechos en la Sociedad Digital: garantías para tiempos de crisis' celebrado en Santander dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el cual ha dirigido.

Durante su ponencia en el encuentro académico, De la Sierra, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha advertido que con la digitalización "se corre el riesgo de que se abra una brecha entre personas o colectivos", algo que, según ha expuesto, se intenta evitar en la Carta de Derechos Digitales.

De la Sierra ha apuntado que el punto de partida es "asegurar la dignidad de la persona", un proceso que se conoce como 'digitalización humanista' y en el que, a su juicio, el documento presentado es "pionero" en Europa.

De la Sierra ha destacado el derecho a "ser quien quiera uno ser" en la red, en relación a la creación de perfiles en diferentes plataformas, así como el derecho al pseudonimato. "No se ha reconocido el derecho al anonimato en la red porque si se comete un delito, tiene que responder alguien", ha apuntado.

En el apartado de derechos de igualdad, se incluye perspectiva de género y se ahonda principalmente en la protección de derechos de los menores en el entorno digital y se afirma un compromiso para elaborar políticas públicas "que velen por la no discriminación por edad, territorio, género o discapacidad".

Además, la experta ha destacado el derecho a la alternativa analógica. "Se consagra el derecho en que en los entornos digitales siempre haya una alternativa analógica, ya que el acceso a la digitalización no es igual en todos lados", ha afirmado De la Sierra, que ha destacado que de esta forma "no se deja a nadie atrás".

Ante la posibilidad de que se formulen juzgados específicos para la resolución de litigios digitales, la experta ha considerado que "es difícil" y se ha mostrado en contra, aunque ha apuntado la necesidad de "que se genere una mayor especialización de los órganos judiciales" en temas digitales.