'Mi vecino, el terrorista que mató a mi marido'

La historia de Pilar pasaba a ser noticia porque, 25 años después, tenía que verse a diario con el asesino de su marido,Kándido Azpiazu que, tras haber cumplido condena, abría un negocio situado en el mismo edificio donde ella tiene su domicilio.

El equipo del programa mantenía una larga conversación con Kándido Azpiazu y José Ignacio Zuazolazigorraga, autores materiales del asesinato del concejal de UCD en Azcoitia. A lo largo de este encuentro, en ningún momento se han mostrado arrepentidos de los actos cometidos.

Víctima y verdugo: una historia en común

Mercedes Milá viajaba hasta Azcoitia para situar la figura de Ramón Baglietto, entonces concejal de UCD en esta localidad vasca, y la de su asesino, al que, paradojas del destino, Ramón le salvó de morir arrollado por un camión cuando era un bebé de un año.

La historia se situará además en el día del asesinato de Baglietto, y del exilio al que posteriormente se vió forzada su hermana Nieves, también concejal de UCD en Azcoitia, ya que con 10 hijos "no podía dejarles sin madre". Su nombre aparecía en las listas de ETA.

Sin embargo, Pilar Elías decidió quedarse en su pueblo y sacar adelante a sus dos hijos. Además, decidió honrar la memoria de su marido asesinado presentándose a concejal de Azcoitia por las listas del PP, saliendo elegida, cargo que le posibilita de disponer de dos escoltas.

Los asesinos de Ramón Baglietto fueron de inmediato detenidos. El autor material de los disparos en la nuca también era vecino de Azkoitia y se llamaba Kándido Azpiazu Beristain. Kándido fue juzgado y condenado a 49 años y dos meses de prisión, pero redimió penas en las cárceles de Burgos y San Sebastián y salió en libertad condicional en 1990, apenas 10 años después del crimen. Junto con la cárcel, a los dos etarras detenidos por este asesinato se les condenó a pagar una indemnización de 12,6 millones de pesetas a la viuda y los hijos de Baglietto, cantidad que nunca abonaron al ser declarados insolventes.

En septiembre de 2000, Pilar Elías y sus hijos cobraron una indemnización, pero no de los etarras sino a través del Ministerio del Interior, en aplicación de la Ley de Solidaridad.