Los letrados van a utilizar un procedimiento acelerado, con la intención de que el proceso pueda celebrarse en cuatro a cinco semanas y que haya un dictamen antes de acabar el año.
El empresario italiano no sólo pretende que la justicia le dé la posibilidad de volver a la competición si así lo quiere, y de limpiar su honor, sino que también exigirá una indemnización de entre 500.000 y un millón de euros.
Sus argumentos, afinados tras la consulta de dos juristas expertos en cuestiones procedimentales y en derecho del deporte, pasan por denunciar numerosas fallas en su exclusión de la Fórmula Uno, empezando por el hecho de que recibiera una condena sin límite de tiempo, algo que según su interpretación es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Una segunda línea de defensa es que su sanción estuvo viciada porque no se respetaron sus derechos, ya que la convocatoria que le envió la FIA no mencionaba ni los motivos ni las acusaciones que pesaban contra él, y que entre los testimonios en los que se basó el dictamen hubo uno anónimo de un miembro de su propia escudería.
Igualmente Briatore estima que el juez que lo sancionó no era imparcial, puesto que el presidente del tribunal era el mismo presidente de la FIA, Max Mosley, con el que mantenía una evidente guerra larvada antes incluso de que estallara este contencioso.
El anterior patrón de Renault piensa poder demostrar que Mosley con su exclusión buscó sobre todo un ajuste de cuentas personal que permitiera salvar la ropa a Renault para que continúe en la competición. EPF