Sin embargo, un sector cada vez mayor no tiene estas oportunidades. Ellos no pueden exigir sus derechos como inquilinos porque son inmigrantes en situación irregular. Su desprotección sirve de negocio para los propietarios que quieren seguir sacando partido de sus infraviviendas. No les piden aval bancario y, en ocasiones, tampoco fianzas. A cambio, les imponen unos precios demasiado altos por viviendas sin luz, sucias, pequeñas y deterioradas.
En los barrios con mayoría inmigrante no resulta difícil encontrar anuncios y carteles de alquiler de todo tipo. Acudimos a uno de ellos. Nos alquilan un sofá para dormir por 130 euros situado en el recibidor de la casa.
Internet y los periódicos también ofrecen una gran variedad de posibilidades para dormir mostrando que la necesidad de unos se convierte en el abuso de otros. Encontramos un anuncio en la que un hombre ofrece habitación gratis a chicos a cambio de sexo.
Los estudiantes también son blanco fácil. Entran dentro de ese grupo de inquilinos sin derechos. Los propietarios aprovechan su urgencia por encontrar piso en una fecha muy concreta. Todos ellos son víctimas de un negocio que aún no ha acabado.
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