La reforma de la Ley de Hidrocarburos, que entró en vigor el pasado mes de mayo, establece nuevos impuestos a la exploración y producción de hidrocarburos que "revertirán con especial intensidad en ayuntamientos y comunidades autónomas".
En concreto, estos beneficios provienen de los nuevos impuestos que establece la Ley, que representan hasta un 8% a la producción de petróleo, hasta un 5% si es gas natural y hasta un 4% a la producción de gas natural no convencional.
Asimismo, se establece un canon de 125.000 euros por cada sondeo de exploración o producción que se construya en tierra y de 600.000 euros si es en el mar.
Además, la nueva Ley obliga a las compañías a destinar el 1% del valor de la producción a los propietarios de las parcelas cercanas que se encuentren dentro de un perímetro que determinará el Ministerio de Industria en torno al yacimiento, aunque estas se dediquen a cualquier otra actividad que no esté relacionada con la producción de hidrocarburos.
Por otra parte, la exploración y producción tiene un importante potencial para crear empleo en España, pudiendo generar hasta 260.000 empleos en el año de mayor actividad, de los cuales 220.000 serían empleo indirecto, en sectores como la construcción, la industria o servicios, según datos de un estudio realizado por Deloitte.