Ambas instituciones de la Unión Europea (UE), con poder legislativo en este ámbito, concluyeron la pasada madrugada y tras intensas negociaciones el único capítulo del texto en el que no se ponían de acuerdo, el del acceso a internet, en un momento en el que Francia y el Reino Unido preparan leyes para castigar a los internautas que realicen descargas ilegales.
Los eurodiputados querían mantener una enmienda que defendía que sólo una orden judicial previa podía ordenar el corte de internet a un usuario, algo que el Consejo -que representa a los países- no estaba dispuesto a aceptar.
Finalmente, ambas partes hicieron concesiones y cerraron un principio de acuerdo que sostiene que sólo se impondrán restricciones a un usuario de internet si las medidas, "proporcionadas" y "apropiadas", se toman "con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a la privacidad".
Además, deben ser resultado de "un proceso previo justo e imparcial", que garantice "el derecho a ser escuchado (...) y el derecho a una efectiva y oportuna revisión judicial".
"En casos de urgencia debidamente comprobados" -por ejemplo, si se trata de casos de pornografía infantil o terrorismo-, se podrán estipular "condiciones apropiadas y disposiciones de procedimiento" en conformidad con la Convención de la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales", añade el texto.
Los servicios jurídicos del Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea llegaron a la determinación de que incluir la expresión "orden judicial" podría implicar una armonización de los sistemas judiciales de los Estados miembros, algo que escapa a las competencias de la UE.
"Eran dificultades jurídicas insalvables", indicó en una rueda de prensa el vicepresidente del Parlamento Alejo Vidal-Quadras (PPE) y líder de la delegación parlamentaria en la negociación, quien señaló además que el Tribunal de Justicia de la UE podría haber rechazado todo el texto legislativo.
Por su parte, la comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, subrayó que "Europa está abriendo camino", y recalcó que esta disposición sobre la libertad en internet "no tiene precedentes".
La discusión sobre el acceso a internet, que fue incluida por el Parlamento a través de su "enmienda 138" en la propuesta que presentó la Comisión Europea en 2007, es sólo una parte del amplio paquete legislativo.
La nueva regulación pretende reforzar los derechos de los usuarios, que podrán cambiar de operador en un solo día manteniendo su número de teléfono fijo o móvil, recibir de antemano información más clara en sus contratos, ser informados si se han violado sus datos, defenderse mejor contra el "spam" (correos electrónicos no deseados) o acceder de forma más eficaz al número de urgencias 112.
Además, prevé disposiciones para garantizar la "neutralidad" de la red y que no se discriminen ciertos servicios o aplicaciones -como el P2P o las llamadas de voz por internet- por parte de los operadores, para lo que los reguladores nacionales podrán imponer unos niveles mínimos de calidad en la transmisión.
Para incrementar la competencia, los reguladores nacionales tendrán mayor independencia de los gobiernos y la industria, y su trabajo se verá complementado por un Cuerpo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC, en inglés), que les asesorará a ellos y a la Comisión.
La regulación también prevé que los inversores reciban una compensación justa por sus esfuerzos en el despliegue de redes de nueva generación de internet, así como un mejor uso del espectro radioeléctrico para que la banda ancha pueda llegar a todos los ciudadanos de la UE.
Y, para promover la competencia, un regulador nacional podrá pedir a un operador dominante que disocie su infraestructura de red de su negocio de servicios ("separación funcional"), una medida que podrá aplicarse únicamente de forma "excepcional".
El pleno de la Eurocámara deberá pronunciarse sobre el texto en tercera lectura en la semana del 23 de noviembre, al igual que los ministros europeos, con idea de que el nuevo reglamento pueda entrar en vigor a comienzos de 2010.