Los propios diputados australianos han cuestionado el objetivo de esta nueva ley y el peligro que supone para la privacidad de los ciudadanos. En concreto, rechazan que se conserven los datos sobre los sitios de Internet que visitan los clientes y piden una mayor supervisión de las agencias gubernamentales a los datos de telecomunicaciones.
El fiscal general del Estado, Mark Dreyfus, ha anunciado el aplazamiento de la tramitación de este proyecto de ley hasta después de las elecciones legislativas del 14 de septiembre. "El Gobierno no intentará conseguir un régimen de conservación obligatoria de los datos en este momento", ha señalado Dreyfus.
La oposición conservadora, favorita para las elecciones de septiembre, ha expresado sus reservas por estas escuchas después de la polémica suscitada por el descubrimiento del espionaje masivo que realiza el espionaje estadounidense a través del programa PRISM, pero todo apunta a que podría apoyar esta nueva ley si llega al poder.
Para el Partido de Los Verdes, bisagra en el Senado, ha destacado que el último informe del legislativo expresa su preocupación sobre la conservación de datos telefónicos y de Internet de los ciudadanos australianos. "El informe no apoya la retención de datos y condena el secretismo con el que plantea la cuestión el Gobierno", ha explicado un portavoz ecologista, Scott Ludlum.
En concreto, el informe denuncia que diversos organismos estatales realizaron un total de 293.501 peticiones de información a las compañías de telecomunicaciones en 2011 y 2012 sin ningún tipo de orden judicial que las respaldara.