CC.OO. ha advertido del "grave riesgo" que supone una regulación "inadecuada" en fibra para la economía y ha enfatizado que revender capacidad o establecer precios de acceso mayorista, "sin más consideración que la económica", hace peligrar "miles" de empleos, tanto de las operadoras como de las empresas encargadas del despliegue de redes.
Para el sindicato, este tipo de regulación no solo hace peligrar el desarrollo de infraestructuras, sino que fomenta la competencia desleal, va en contra de los operadores con capacidad y compromisos de inversión y genera ajustes salariales y laborales.
La CNMC ha propuesto obligar a Telefónica a abrir su red de fibra a sus rivales, con unos precios fijados con un test de replicabilidad económica, excepto en nueve municipios --Madrid, Barcelona, Alcalá de Henares, Badalona, Coslada, Móstoles, Málaga, Sevilla y Valencia--. Esta regulación se hará a través del VULA (acceso virtual a la fibra óptica).
El sindicato, que ha hecho llegar al Gobierno y a diferentes grupos parlamentarios su "preocupación" ante este escenario, ha indicado que, si se frenan las inversiones, aumentará el riesgo de incumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital, que prevé que haya una cobertura de más de 30 Mbps para el 100% de la ciudadanía y que, al menos, el 50% de los hogares tengan contratadas velocidades de acceso superiores a 100 Mbps en 2020.
CC.OO ha recordado que solo en el último año se han desplegado en España más de 7,5 millones de accesos de fibra óptica, lo que sitúa a España por encima de la media de la Unión Europea. "Esta distancia puede verse recortada si los planes de inversión en infraestructuras se paralizan", ha enfatizado.
SE SUMA A LA PREOCUPACIÓN DEL PP
Para el sindicato, si se imponen limitaciones que hacen que el despliegue de estas infraestructuras no tenga un retorno "razonable" y se desincentiva que los diferentes operadores continúen con el esfuerzo inversor, se "ahondaría" la brecha digital, con unas consecuencias "muy negativas" para la competitividad de la economía.
"El Gobierno tiene una clara responsabilidad si se termina penalizando la inversión en esta materia, a la vez que sería injustificable que la regulación que finalmente se apruebe, hiciera que la inversión que se pueda derivar del Plan Europeo de Inversiones, mediante la colaboración público-privada, no encontrara en nuestro país un marco adecuado para su aprovechamiento", añaden.
CC.OO se suma así a UGT, que instó a la CNMC a establecer un marco regulatorio en torno a la fibra que obligue a los operadores entrantes a asumir compromisos de inversión a medio y largo plazo y que prime a los actores que inviertan "tanto en redes como en personas".
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción en el Senado en la que pide a la CNMC que reduzca las obligaciones impuestas a Telefónica en fibra.