El Ejecutivo comunitario ha publicado la actualización de las normas sobre ayudas públicas a la banda ancha, cuyo objetivo es garantizar que estas subvenciones se dediquen a facilitar el despliegue de redes en lugares donde no invierte el sector privado y no distorsionen la competencia. Estas directrices se someten a consulta pública hasta el 3 de septiembre y se aprobarán en diciembre de 2012.
"El control de las ayudas de Estado debe respaldar el cumplimiento de los objetivos de la estrategia digital, preservando al mismo tiempo los incentivos a realizar inversiones comerciales", ha dicho el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
Bruselas propone incluir en las normas la posibilidad de conceder, con condiciones, ayudas para redes de banda ancha ultrarrápidas (con velocidades de conexión superiores a los 100 megas).
También pide a los Estados miembros publicar, en una página web central, toda la información sobre las ayudas nacionales concedidas a la banda ancha.
Por lo que se refiere a las infraestructuras, la Comisión destaca que las canalizaciones se encuentran entre las más costosas, por lo que si son financiados por fondos públicos podrían resultar accesibles, sin discriminación, a todos los operadores, lo que impulsaría la competencia y rebajaría los precios.
Además, otros inversores comerciales, como los bancos de inversión o los fondos de pensiones, podrían resultar atraídos al sector, según Bruselas.