El reglamento propuesto no obligará a los Estados miembros a introducir carnés de identidad nacional electrónica u otras soluciones tecnológicas para la identificación electrónica como tampoco obligará a los ciudadanos individuos a obtenerlos, como tampoco introduce un sistema de identificación electrónica europeo ni una base de datos comunitaria de ningún tipo.
Los carnés de identificación electrónica nacional existen en la actualidad en España, Bélgica, Estonia, Finlandia, Alemania, Italia y Portugal, mientras que otros países como Austria, República Checa, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Dinamarca, tienen en la actualidad otros sistemas en vigor como tarjetas ciudadanas de identificación electrónica o sistemas de cupones.
Alrededor de 200 millones de personas tienen ya los carnés de identificación electrónica en la UE aunque cerca de 250 millones tienen algún tipo de solución de identificación electrónica, no exclusivamente tarjetas o carnés, según datos del Ejecutivo comunitario.
La propuesta de Bruselas respetará la preferencia actual de los países miembros y no obligará a los países que no tienen a crear un sistema de identificación nacional electrónica.
Los países que sí tienen estos sistemas de identificación electrónica podrán decidir de manera voluntaria si se suman o se quedan fuera del sistema de reconocimiento mutuo propuesto por Bruselas.
Una vez que el Estado miembro notifique si intención de sumarse a través de este esquema paneuropeo de reconocimiento mutuo deberán ofrecer eso sí el acceso a los mismos servicios públicos para los ciudadanos comunitarios de otros Estados miembros que ofrece a sus nacionales.
El Ejecutivo comunitario ha propuesto además "estándares comunes para servicios de confianza y las firmas electrónicas" para afianzar la seguridad, según ha avanzado la comisaria europea de Agenda Digital, Neelie Kroes.
Bruselas propone en este sentido la "plena armonización" en toda la UE "no sólo de las firmas electrónicas" sino también de los procesos para supervisar la emisión de las firmas. Los organismos nacionales encargados de emitir las firmas electrónicas deberán seguir "ciertos pasos de seguridad" y "habrá una supervisión nacional" que deberá velar por su cumplimiento.
Una vez determinada la validez de la firma electrónica, el organismo emisor nacional será incluido "en una lista de confianza para que se sepa que la firma que da esta organización es de confianza absoluta", han explicado fuentes del Ejecutivo comunitario.
Bruselas espera que la iniciativa entre en vigor hacia finales de 2014, una vez que los Veintisiete y el Parlamento Europeo den su visto bueno a la propuesta.
El Ejecutivo comunitario avanza que el reconocimiento de los sistemas de identificación electrónica nacional se podría traducir en ahorros para consumidores y empresas de "miles de billones de euros" y "hasta del 20% de los costes de tramitación de concursos públicos".