Esta petición ha sido debatida en el pleno de este jueves en el Parlamento de Extremadura, a raíz de una Propuesta de Impulso presentada por el Grupo Socialista para instar al Gobierno extremeño a "revocar de forma inmediata" este acuerdo con Microsoft, y destinar ese dinero a crear un grupo técnico regional que "adapte y mantenga" el software libre en los ordenadores de la administración extremeña.
En la justificación de su iniciativa, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista César Ramos ha considerado que este acuerdo con Microsoft está "basado en mentira", ya que "no es cierto" que el 97 por ciento de los ordenadores de la administración extremeña sea 'pirata'.
"Una de dos: o el gobierno de la Junta de Extremadura nos quiere engañar, o les han engañado a ellos, y cualquiera de las dos cosas sería muy grave", ha aseverado César Ramos, quien ha considerado que ante esta situación, la "opción más razonable" es que "se quiten los paquetes ofimáticos de Microsoft, y se instale LibreOffice, que no hay que pagar absolutamente nada".
En nombre del Grupo Parlamentario de IU-V-Siex ha tomado la palabra el diputado Víctor Casco, quien ha considerado que no existe "la suficiente información" sobre este asunto para tomar una decisión, por lo que ha instado al consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla a reunir a los grupos la próxima semana para darles información.
"Con datos encima de la mesa, queremos ver la auditoría de Microsoft, conocer de primera mano qué ha pasado, y estudiar con técnicos qué ha pasado", ha propuesto Casco, quien ha optado por dejar la iniciativa en 'stand-by' hasta que cuente con más información.
Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Beatriz Villalba, ha lamentado la "demagogia" de los socialistas, ya que fue su gobierno el que "ha dado lugar a que se paguen 2,8 millones de euros a Microsoft, y no se destinen a otras cosas", porque fueron "los que han permitido la utilización" de estos programas de forma "pirata, ilegal", durante "más de 13 años".
Así, Villalba ha tachado de "irresponsables" a los gobernantes socialistas extremeños, que "no han sabido gestionar esta tierra, sino que solamente saben vender humo", y ha calculado que si se va a juicio con Microsoft por este tema, se tendrían que pagar unos 20 millones de euros "del bolsillo de todos y cada uno de los extremeños".
NEVADO-BATALLA DICE QUE ES UN "MAL LENITIVO"
En el transcurso del debate ha pedido la palabra el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla, quien ha señalado que los datos sobre este acuerdo "están a disposición de la Cámara", y ha calificado de "acertadísima" la propuesta del diputado de IU para obtener más información.
Nevado-Batalla ha lamentado que "se dude de lo que hace un consejero del Gobierno de Extremadura, que no es un diputado más, y que se dude de lo que los técnicos de la propia administración realizan", y ha aseverado que el Ejecutivo extremeño "no tiene nada que ocultar" ya que ha adoptado esta decisión "en pura aplicación de la legalidad".
Según ha señalado el consejero, este acuerdo con Microsoft supone "un mal lenitivo, porque a nadie le gusta pagar esos 2,8 millones de euros", pero ha defendido que de acuerdo al principio de legalidad y a los informes técnicos "era la mejor solución para los intereses de Extremadura".