Tras conocerse las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Niilo Jääskinen, fuentes de Google han señalado que se trata de una buena opinión para "la libertad de expresión" y han insistido en que pedir a los buscadores que eliminen 'contenidos legales y legítimos' "equivaldría a la censura".
En un comunicado, la AEPD ha señalado que, "en relación con algunas declaraciones producidas al respecto, la agencia española desea aclarar que las resoluciones en las que ampara a los ciudadanos que solicitan que se ponga fin a la difusión de sus datos personales no interfieren en ningún caso en las libertades de expresión y de información".
Asimismo, ha aclarado que las solicitudes de tutela se deniegan siempre que versan sobre informaciones actuales o que poseen algún grado de relevancia o interés público. "Únicamente se conceden cuando, tras el oportuno análisis del caso concreto, se concluye que se trata de informaciones personales que, además de ser obsoletas, carecen de cualquier relevancia o interés público y su difusión generalizada está generando una lesión de los derechos del solicitante", ha indicado.
Por otra parte, ha insistido en que en ningún caso se requiere a Google la modificación o alteración de las fuentes originales, sino únicamente que se ponga fin a su difusión general a través de los buscadores. "La actuación de la Agencia Española de Protección de Datos ha sido y será siempre sumamente respetuosa con los ámbitos protegidos por los derechos de libertad de expresión y de información", ha subrayado.
En general, la AEPD ha indicado que las conclusiones del Abogado General "coinciden en varios puntos con las interpretaciones de la normativa europea de protección de datos defendidas por la Agencia Española mientras que, en otros aspectos, se separan total o parcialmente de ellas", aunque ha apuntado que, en cualquier caso, "resulta prematuro" hacer valoraciones porque las conclusiones del Abogado General, "aun teniendo gran relevancia, no vinculan al Tribunal de Justicia".
En consecuencia, la Agencia considera oportuno esperar a que concluyan las deliberaciones de los jueces que ahora comienzan y a que el Tribunal finalmente dicte su sentencia para conocer el alcance de los derechos de los ciudadanos europeos y las responsabilidades que corresponden a los motores de búsqueda.