La medida del Ejecutivo, aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 3 de octubre, implica la prohibición de realizar cualquier extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda ahora extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores.
De este modo se pretende dar solución a la situación de 'impasse' causada por los seísmos detectados en la zona hace un año, y que ya motivaron la suspensión de la explotación de las instalaciones.
De momento, Enagás Transporte se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo, cuya reapertura o desmantelamiento podrá ser decidida por el Consejo de Ministros en el futuro en función de lo que aconsejen los informes técnicos.
MENOS COSTE FINANCIERO
Según la memoria del decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, la decisión de prorratear la indemnización a Escal UGS en 30 años, en lugar de los 20 inicialmente previstos, reducirá el coste financiero de la operación del 8,7% al 4,2%, ya que en un primer momento se partía de una referencia del coste de los bonos del Estado a 10 años más 350 puntos básicos mientras que finalmente se ha fijado un tipo de interés fijo del 4,267% en términos anuales.
Además, habrá un periodo de carencia en el inicio de los pagos, que no comenzarán hasta el año 2016, y se ha eliminado un punto en el régimen anterior por el que el valor neto de la inversión incrementaba los importes pendientes de amortización mediante una tasa anual del 2,5%. También se eliminan los costes de extensión de la vida útil y, al hibernarse la instalación, se reducen los costes para el sistema gracias a la reducción significativa de costes de operación y mantenimiento.
Todas ello permite, asegura el Ejecutivo en la memoria, que el coste anual para el sistema gasista asociado a Castor sean a partir de 2017 de unos 100 millones de euros anuales, frente a los 210 millones previstos inicialmente. El valor total de la inversión de Castor asciende a 1.461 millones de euros. Escal UGS, participada en un 66% por ACS, recibirá 1.350 millones, ya que es necesario descontar la retribución provisional ya abonada, de 110 millones.