Tras la publicación en el BOE esta semana de la ley que desarrolla el funcionamiento del nuevo órgano regulador, queda derogado definitivamente el CEMA. Para la AUC, que ha mostrado reticencias a algunos aspectos del nuevo regulador, la desaparición del CEMA sin ni siquiera llegar a crearse supone el "último intento fallido de crear en España un Consejo Audiovisual homologable a los existentes en la mayoría de los países europeos".
Así, aunque la asociación espera que la "nueva CNMC suponga un paso adelante en la protección de los ciudadanos en el entorno audiovisual", ha llamado la atención sobre algunas diferencias entre el nonato CEMA y la nueva CNMC que "ponen en cuestión el carácter independiente" de este segundo órgano.
Concretamente, la AUC ha destacado la diferencia en el nombramiento de los consejeros del nonato CEMA y de la nueva CNMC, ya que los miembros del primero debían contar con el respaldo de una mayoría cualificada en el Congreso, mientras que en el caso de la CNMC los consejeros serán nombrados por el Gobierno y ratificados (o vetados) por la Comisión de Economía de la Cámara Baja.
Asimismo, ha señalado que, en algunos casos, el nuevo elenco de competencias supone "una regubernamentalización" de las atribuidas al CEMA, como ocurre con la decisión de aprobar el catálogo de eventos de interés general, que corresponderá al Ministerio de Presidencia.
La asociación ha llamado también la atención sobre la desaparición en la nueva CNMC del Comité Consultivo de Participación Social que la Ley General de la Comunicación Audiovisual tenía previsto para el CEMA. En este sentido, y al no haber conseguido su introducción en el Proyecto de Ley durante su tramitación parlamentaria, AUC pide ahora al Gobierno que aproveche el desarrollo pendiente de la estructura orgánica del Consejo para crear un Consejo Consultivo en materia audiovisual, posibilidad que está prevista en su Disposición Adicional Decimoquinta.
En materia audiovisual, es competencia del nuevo órgano velar por el cumplimiento de la mencionada Ley General de la Comunicación audiovisual por parte de las televisiones de ámbito estatal en materias como la emisión y financiación de obras europeas; la transparencia de las comunicaciones audiovisuales; los contenidos de programación y publicitarios, con especial atención a la protección de los menores y las personas con discapacidad, o la prestación del servicio público.