Los nacionalistas catalanes, en esta proposición no de ley recogida por Europa Press, plantean también que el Gobierno recupere los objetivos y los mecanismos de cooperación previstos en el Plan de Fomento a la Lectura en el programa de adquisición y mejora de las colecciones de las bibliotecas públicas del país y formulado con la cooperación de las comunidades autónomas.
CiU recuerda que el pasado 2 de agosto entró en vigor el decreto por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.
"La norma establece y concreta la remuneración que han de percibir los autores de las obras que se dejen en préstamo, no únicamente de colecciones de bibliotecas, sino también de archivos, museos y centros similares, excluyendo de esta regulación a los municipios de menos de 5.000 habitantes o los centros docentes", precisan los independentistas.
Es más, señalan que esta remuneración la deben recibir los autores, no los editores, y serles abonada a través de una entidad de gestión colectiva de derechos de autor.
"Estamos totalmente de acuerdo con la obligación de compensar a los creadores por su trabajo, pero el sistema propuesto por el decreto para el pago de dichas compensaciones, en el caso del préstamo de libros por parte de las bibliotecas, resulta confuso e ineficaz y traslada la responsabilidad de dicha compensación a las administraciones municipales y autonómicas, a las que no les corresponden la regulación de la propiedad intelectual y los derechos de autor", argumenta la formación nacionalista.
Es más, critica que la norma que establece esta compensación ha sido regulada recientemente por la administración del Estado, sin que se hayan transferido a las comunidades autónomas y a la administración local ni las competencias relativas a la gestión de la propiedad intelectual, ni los recursos correspondientes al pago del canon, como correspondería cuando, desde la actuación del Estado se procede a regular un nuevo gasto que afecta a las administraciones periféricas.
"Por ello, el pago del canon correspondiente a los Derechos de Autor que se derivan del préstamo de libros por parte de las bibliotecas debe ser asumido por la Administración Central, como lo ha venido haciendo hasta ahora y no por las comunidades autónomas o por la Administración Local", defiende CiU.
Sobre el cálculo del importe que aplica el decreto, y que resulta de la combinación de diferentes variables, CiU dice que "penaliza la adquisición de obras y la atracción de usuarios, ya que cuantas más obras compren las bibliotecas, mayor será la cantidad que deba ser abonada, de igual forma, cuantos más usuarios, mayor será el importe del canon que va a tener que pagar".
En su opinión, con los criterios elegidos, las bibliotecas se verán obligadas a reservar parte de su presupuesto para nuevas adquisiciones para el pago de la cuota del canon, con lo que destinarán menos presupuesto a la adquisición de obras nuevas, perjudicando directa o indirectamente al usuario, al autor y al editor.