La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado de que el borrador de Orden Ministerial del Ministerio de Cultura con los criterios que determinan las tarifas que establecen las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual presenta "carencias relevantes".
Fuentes del Ministerio de Cultura explicaron recientemente a Europa Press que prevé aprobar en otoño esta Orden Ministerial, que establece los principios del sistema de tarifas vinculados a los contenidos de Propiedad Intelectual, entre ellos las tasas a los agregadores de noticias.
A partir de esta fecha, habrá un plazo de seis meses para establecer la cuantía de las tarifas. Estas mismas fuentes recordaban que lo recogido en la Orden Ministeríal serán "principios reguladores", sin determinar las cantidades que se deben cobrar, ya que esto es algo que tendrá que ser negociado por las partes implicadas.
En concreto, tras la promulgación de la orden ministerial, las entidades de gestión tienen la obligación de presentar todas las tarifas en un plazo máximo de seis meses. Si no existe acuerdo entre las partes, la Comisión de Propiedad Intelectual decidirá la tarifa que se aplica, según indicaron fuentes de CEDRO.
En su informe preceptivo no vinculante, la CNMC ha recordado que las entidades de gestión "se caracterizan por una posición de dominio derivada de las barreras regulatorias --entre otras, sometimiento a autorización del Ministerio competente y especialización por tipos de derechos y defensa de colectivos concretos--.
SIN RESPUESTA "SATISFACTORIA"
"En el sector se han abierto numerosos expedientes sancionadores por supuestos de abuso de posición dominante, relacionados, generalmente, con la ausencia de equidad de las tarifas generales y la discriminación entre usuarios", ha alertado.
Según la CNMC, el borrador de Orden sobre el que se emite informe "no proporciona una respuesta satisfactoria a estos problemas". "Respetando las limitaciones indudables que suponen su rango normativo y la necesaria adecuación a la norma a la que desarrolla, el borrador podría contribuir más eficazmente a la prevención de conductas anticompetitivas y a la introducción de mayor claridad", ha asegurado.
Entre las recomendaciones del órgano regulador, se incluye la petición de "buscar una formación eficiente" de tarifas, orientando la remuneración a variables "relacionadas con el uso efectivo" del repertorio y al valor económico del servicio prestado.
"El criterio de los ingresos económicos no debería tener en ningún caso un papel exclusivo, como han manifestado reiteradamente las autoridades de competencia nacionales y comunitarias, refrendadas por la jurisprudencia", ha indicado.
ACTUACIÓN RAZONABLE Y TRANSPARENTE
Asimismo, entiende que se debe asegurar una "formación no discriminatoria" de tarifas, resaltando la necesidad de que la actuación de las entidades de gestión sea "razonable y transparente", recogiendo dentro de las tarifas generales las condiciones particulares acordadas con los usuarios.
Además, ha apuntado que la regulación del valor económico del servicio prestado por las entidades de gestión "no introduce suficientes incentivos para que éstas se comporten de una forma eficiente, como lo haría una empresa bien gestionada en un entorno competitivo".
También entiende que "existen serias dudas" sobre si el borrador "es enteramente respetuoso con los principios de jerarquía normativa y reserva de ley" y, por lo tanto, que "convendría revisar la redacción íntegra" del texto "de modo que cumpla con su finalidad expresa de introducir simplicidad y claridad" en las tarifas.