La Comisión de la Propiedad Intelectual acuerda el inicio a trámite 8 solicitudes

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), adscrita a la Secretaría de Estado de Cultura, ha acordado el inicio del procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet en 8 solicitudes presentadas ante la misma.

Los solicitantes, los responsables de la página web objeto de la solicitud y los intermediarios de la sociedad de la información han recibido la correspondiente notificación.

Los responsables de los servicios de la sociedad de la información notificados tienen un plazo de 48 horas, para llevar a cabo la retirada voluntaria de los contenidos señalados que pudieran resultar ilícitos por vulnerar derechos de propiedad intelectual o, en su defecto, la presentación de alegaciones y la propuesta de pruebas que estimen oportunas, informa Cultura.

De no retirarse los contenidos, y tras esa breve fase de alegaciones, los procedimientos iniciados continuarán para dar lugar, en unos días, a las resoluciones administrativas que procedan y que pueden llegar a producir, en su caso, la retirada de los contenidos ilícitos o la interrupción del servicio de la sociedad de la información, siempre previa autorización de la ejecución de esa resolución, mediante autorización del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente.

SOLICITUDES DESESTIMADAS

Por otra parte, la Comisión ha desestimado y archivado, una vez finalizado el plazo legal de subsanación de 10 días, 243 solicitudes que presentaban faltas o no acompañaban algunos de los documentos preceptivos según lo establecido en el Real Decreto que regula este procedimiento en desarrollo de la Ley de Economía Sostenible. El resto de solicitudes presentadas hasta hoy, hasta un total de 326, se encuentran en fase preliminar.

Asimismo, la tramitación de las solicitudes por la Comisión está permitiendo, en colaboración con otros órganos de la Administración General del Estado con competencias en materia de control y vigilancia de Internet, que ya sean apreciables casos de retirada voluntaria de contenidos y de cancelación de dominios Web que incumplen la legislación vigente en España en materia de prestación de servicios de la sociedad de la información.