En su auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, argumenta que la propia Fiscalía pedía en su escrito que la apertura de la pieza separada se dictara una vez practicadas las declaraciones a Millet y Montull, fijadas para el próximo 14 de diciembre.
Además, Solaz cree conveniente que esa investigación aparte se abra después del interrogatorio de los saqueadores confesos del Palau, porque de sus declaraciones pueden surgir nuevas pruebas o circunstancias relevantes para "determinar la utilidad y alcance de la citada pieza separada y las personas que pudieran intervenir como imputados o testigos" en la misma.
La apertura de una investigación sobre si Millet se repartió con CDC comisiones de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas fue solicitada tanto por la Fiscalía -que especificaba que la pieza separada se abriera tras las declaraciones de los saqueadores- como por el Consorcio del Palau de la Música, que agrupa a la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura.
En su auto, el juez deniega la petición de la Fundación Palau de la Música-Orfeó Català de citar a declarar como imputada a la ex directora general de la entidad Rosa Garicano, al considerar que de momento no hay "indicios mínimamente sólidos" de su participación en el expolio.
Solaz cree improcedente la imputación de Garicano, "ante tan nulo bagaje probatorio con respecto a la misma", y alega que la Fundación no ha detallado cuál es la participación de la ex directora en el desfalco ni aporta indicios o pruebas sobre esa hipotética implicación.
No obstante, el juez que avaló el despido de Rosa Garicano del Palau de la Música consideró acreditado en su sentencia que la ex directora general estaba al corriente del saqueo y, concretamente, conocía el desvío de dos millones de euros de los patrocinios de Ferrovial al Orfeó Català, entidad que no estaba auditaba y de la que presuntamente salieron algunos de los pagos a CDC.
Respecto a Elisabet Barberà, que durante 35 años fue secretaria personal de Fèlix Millet, el juez acuerda su imputación, en base a los indicios de que tuvo pleno conocimiento del expolio y "una intervención directa" en los manejos ilícitos del ex responsable del Palau.
En su auto, el juez Juli Solaz cita a declarar como testigos para el 20 de diciembre próximo a Antoni Gracia y a Roger Margarit, auditores de la Fundación Palau de la Música en la época de Millet que no detectaron el expolio.
También llama a declarar como testigos al abogado Javier Nart y a Eduardo Porta, por ser los titulares de unas cuentas bancarias suizas a las que Millet y su esposa efectuaron dos transferencias bancarias en mayo de 2005, por importe de 18.000 y 31.900 euros, respectivamente.
Solaz cree necesario que declaren esos dos testigos, cuyo interrogatorio no había sido propuesto por ninguna de las partes, para que aclaren los motivos de esas transferencias y su relación con los imputados.