La Fiscalía pedía para los periodistas una pena de dos años y seis meses de prisión y 20 meses de multa con cuota de 50 euros diarios por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, tras publicar el 11 de julio de 2014 el contenido de una escucha telefónica interceptada un año antes, en la que dos investigados de la mafia napolitana (La Camorra) en España hablaban sobre el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.
En este sentido, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información confía también en que el cambio de postura del Ministerio Fiscal "impida que puedan darse nuevos casos de hostigamiento judicial contra medios o periodistas que informan de casos abiertos a los que puedan llegar a tener acceso y que publiquen en función de su relevancia e interés informativo".
Asimismo, la PDLI considera que la decisión de la Fiscalía es "lo razonable jurídicamente" porque, desde su punto de vista, "en caso de haberse producido alguna responsabilidad penal por la filtración, no cabría atribuirlas ni a los periodistas ni al medio que lo publicó".