Con esta resolución, la IGAE dicta normas de registro, valoración e información de los bienes de naturaleza material pertenecientes al patrimonio histórico de la Administración General del Estado y del resto de entidades del sector público administrativo estatal, según precisa el Tribunal.
En concreto, esta Resolución desarrolla los criterios de registro y valoración de los bienes del Patrimonio Histórico, tal y como recomendaba el Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización del Museo Nacional de Arte Reina Sofía (MNCARS), del ejercicio 2013. El informe, que fue aprobado por el Pleno de la Institución en enero de 2015, incluía entre sus recomendaciones una dirigida a la IGAE, consistente en "aprobar una norma que regulara las características contables específicas que han de aplicar las sujetos contables gestores de bienes artísticos, como el MNCARS, adaptadas al Plan General de Contabilidad Pública".
Asimismo, la Resolución de la IGAE recoge una regulación de los umbrales para la activación de los bienes del mobiliario de la Administración General del Estado (AGE) que, en un futuro, podría ampliarse a otros bienes de inmovilizado que no tengan la consideración de inmuebles, siguiendo la recomendación en este sentido contenida en el Informe de fiscalización sobre la gestión y el control contables del inmovilizado material de la AGE, aprobado por el Pleno de la Institución el pasado mes de diciembre.
En su informe, el Tribunal analizaba tanto los procedimientos de registro contable de los bienes incluidos en el Inmovilizado Material del balance de la Cuenta de la Administración General del Estado, como los sistemas de control de la gestión de los inventarios de dichos bienes.
A partir de sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas recomendaba, entre otras acciones, que la IGAE estudiara implementar umbrales o importes mínimos de capitalización para el registro de bienes muebles, de tal forma que únicamente figuraran en el activo aquellos que tuvieran una determinada importancia, lo que facilitaría su contabilización y seguimiento.
Esta medida, por otra parte, está prevista en la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la AGE y se está aplicando por otras entidades públicas fuera de España como, por ejemplo, entidades que forman parte del Sistema de Naciones Unidas. Y con su adopción, según señala el Tribunal de Cuentas, se permitiría aligerar la carga de trabajo que para la AGE representa la incorporación de numerosos activos de escaso valor, en relación con las elevadas cifras del Inmovilizado Material de la Administración General del Estado.
La Resolución de la IGAE establece el umbral de 1.500 euros para activar contablemente los bienes que integran el mobiliario de la AGE, incluyendo un régimen de aplicación de carácter transitorio hasta que estén operativos los distintos inventarios de bienes y derechos del inmovilizado no financiero de los departamentos ministeriales, periodo durante el cual el citado umbral se eleva a 6.000 euros.
En este sentido, cabe recordar que, en su informe, el Tribunal de Cuentas fiscalizó los procedimientos de registro y control contables aplicados por los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Empleo y Seguridad Social, de Fomento y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.