Aunque el tribunal ha declarado su falta de competencia para discutir el caso, el magistrado Mark Pizzo considera que existen suficientes pruebas para recomendar que, aunque no se haya localizado el buque español, el pecio regrese a España en la medida que da por acreditada su pertenencia al 'Nuestra Señora de las Mercedes'.
La vicepresidenta de Odyssey Melinda MacConnel anunció en un comunicado que la empresa "recurrirá la recomendación del magistrado". En este sentido, previó que también se sumarían al recurso los demandantes que "aseguraban derechos de propiedad en virtud del hecho de que parte de la carga pertenecía a sus antepasados".
Por su parte, el presidente de la empresa, Greg Stemn, se declaró "sorprendido" por la noticia. "Confío en que finalmente el juez o el tribunal de apelación verá los defectos evidentes en la reclamación de España y volvamos a discutir las características del caso".
Batalla legal desde 2007
Odyssey presentó en el año 2007 el caso ante un tribunal de Tampa y argumentó que le pertenecían el medio millón de monedas de oro y plata que se habían encontrado en el fondo del Atlántico de lo que España considera era el hundimiento de la fragata de "Nuestra Señora de las Mercedes" que naufragó en el año 1804. Odyssey, que bautizó el caso como "Black Swan" (cisne negro), desde entonces ha presentado una dura batalla legal con los representantes legales del gobierno español.
El Gobierno español presentó las pruebas jurídicas en las que fundamenta la protección de la fragata de guerra de la Armada española y rechazó las demandas de Odyssey, por lo que reclamó la devolución de todos los objetos tomados por Odyssey del yacimiento.
Los documentos históricos presentados indican que la fragata Mercedes se hundió en combate contra la flota inglesa el 5 de octubre de 1804 frente a las costas del sur de Portugal, por lo que defendió que son patrimonio histórico, además de ser la tumba de más de 250 marinos y ciudadanos españoles que murieron cuando la Mercedes explotó y se hundió.
El Gobierno español criticó también que Odyssey llevó a cabo en secreto la tarea de excavación marina después de haber recibido instrucciones específicas de que estaba prohibida.
La documentación presentada por el Gobierno español demostró que la fragata de "las Mercedes" estuvo en servicio militar activo con la misión de proteger al Estado español y a sus ciudadanos a lo largo de toda su historia, y también en el momento en que explotó y se hundió en combate.
El abogado estadounidense Jim Goold, que representó los intereses del Gobierno español, destacó además que Odyssey era consciente de que sabía que se trataba de esa fragata española, por lo que actuó en secreto. El abogado defendió también el derecho de la inmunidad soberana que otorga el derecho a una nación a proteger sus sitios y su patrimonio histórico (incluidos barcos hundidos) de cualquier tipo de perturbación y expolio por cazatesoros.
Por ello, la fragata de "las Mercedes" está protegida por los mismos principios de inmunidad soberana que se aplican a los barcos de Estado de todas las naciones, que prohíben la perturbación no autorizada o explotación comercial de los mismos, según defendió Goold.