Dicho protocolo, firmado el pasado 25 de abril por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la LFP, incluía la posibilidad de expulsar, incluso, a los clubes de de sus respectivas competiciones en el caso de incumplirlo y pretendía acabar con una deuda de 673 millones de euros con Hacienda.
Además, entre otras medidas, estaba la de que, a partir de la temporada 2014-15, el 35 por ciento de los ingresos por los derechos televisivos que reciben los clubes "no se librará hasta de que no se acredite que estén al corriente de sus obligaciones".
Igualmente, habrá una Comisión que se encargará de "estudiar las ofertas" que los clubes puedan recibir por un futbolista, "usado como garantía de obligación tributaria" y que será la que "considere" si el club, por su situación económica, "debe aceptarla", sin olvidar que el jugador dé su consentimiento.
Este protocolo no afectará a las entidades que estén embargadas porque "no es una modificación de las leyes" y que se pondrá en marcha un control a través de un Reglamento de Control Económico "para aumentar la capacidad significativa de la LFP".