La Ley de regulación del juego establece que la recaudación de estas apuestas esté sujeta al 22 por ciento de gravamen y, que posteriormente, el 49,95% de esta cantidad resultante ha de ser asignado a las Diputaciones Provinciales, a través de las Comunidades Autónomas.
Esta misma Ley determina que la atribución de ingresos a cada Comunidad Autónoma se calcula en función de la residencia de los apostantes en su ámbito territorial. Así, las Comunidades con mayores ingresos son Barcelona, con 5,1 millones; Madrid, con 4,2, y Valencia, con 1,095 millones.