Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, el juez Eduardo López decidirá en las próximas semanas la fecha en la que tomará declaración como querellado a Rivero, que podría enfrentarse por la presunta comisión de este delito a una pena de entre 4 y 6 años de prisión.
El ministerio Fiscal, representado por Alejandro Luzón, acusa a Rivero de haber obtenido un beneficio de 2,8 millones de euros con la compra de acciones de la inmobiliaria antes de que se hiciera público que él y Román Sanahuja habían comprado a Luis Portillo su paquete en el capital a un precio muy superior al de mercado, lo que disparó la cotización un 9,36%.
Además de la pena de cárcel, el delito de uso de información privilegiada podría suponerle a Rivero una multa del triple del beneficio obtenido con la mencionada operación y la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante un plazo de dos a cinco años.