Se trata, en realidad, de una medida que ya presentó CiU en 2009 a la por entonces ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.
Según señalan fuentes parlamentarias al diario Expansión, el ministro de Fomento "ha tomado nota" de esta opción y estaría considerando la posibilidad de ponerla en marcha.
Para llevar a cabo esta propuesta hay que partir de la creación de un conjunto de viviendas en alquiler que serían gestionadas por el ejecutivo.
En el mercado se pondrían en alquiler decenas de miles de pisos, de entre 50 y 90 metros, por un precio máximo de 375 euros al mes.
Para ofrecer estos precios el suelo tiene que existir una colaboración entre el gobierno y el sector privado. El suelo será público siendo cedido a la administración por un periodo de 25 o 30 años.
De esta manera, la constructora privada estaría encargada de gestionar los arrendamientos mientras que la entidad pública garantizaría el cobro de las rentas.
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