Las normas europeas permiten reconducir hasta un 3% del presupuesto de desarrollo rural a otras áreas que las elegidas inicialmente, siempre que el gasto se mantenga en el segundo pilar. Bruselas ha aceptado, tras las peticiones de varios Estados miembros, elevar este margen hasta el 5% y prorrogar el plazo para que los interesados presenten las solicitudes.
Con ello, el Ejecutivo comunitario pretende facilitar el uso de los fondos europeos por parte de los programas nacionales y regionales "con dificultades para gastar los compromisos actuales".