Borg ha señalado, en una respuesta parlamentaria, que la CE está "profundamente preocupada" por la supuesta participación de la empresa pesquera española Vidal Armadores, con sede en la localidad coruñesa de Ribeira, en actividades ilegales en la zona de competencia de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CCAMLR).
El comisario señala que solicitó a las autoridades españolas que emprendiesen urgentemente acciones contra Vidal Armadores, basándose en las regulaciones que trasponen las normas de la CCAMLR.
"La Comisión entiende que las autoridades españolas están investigando esta cuestión actualmente con la intención de emprender acciones legales contra la empresa", según el comisario.
"La Comisión está siguiendo muy de cerca los acontecimientos y continuará teniendo en consideración todas las opciones apropiadas. Entre éstas podrían encontrarse acciones legales contra el Estado miembro interesado para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria pertinente", añade Borg.
El comisario ha respondido así al eurodiputado español Raúl Romeva (Iniciativa per Catalunya-Los Verdes), quien interpeló a la CE sobre las denuncias de Greenpeace acerca del apoyo del Gobierno español a las empresas pesqueras del armador Antonio Vidal.
Romeva afirmó que varios de los barcos de dicha sociedad, como el "Paloma V", el "Black Moon" (actualmente llamado "Galaxy") o el "Liberty" están incluidos en las listas negras de la CCAMLR.
El europarlamentario señaló que el Gobierno español ha subvencionado a la empresa con apoyos por valor de 2,99 millones de euros -además de una ayuda de la Xunta de Galicia por 639.000 euros-.
Romeva añadió que "después de las advertencias hechas por el comisario Borg ya en 2005 sobre la inconveniencia de contribuir a las actividades ilegales de dicho armador, el Gobierno español le ha continuado ofreciendo su apoyo, incluso como mediador internacional".
Por otro lado, el eurodiputado interpela a la CE sobre las denuncias de Greenpeace, ante la negativa del Gobierno español a facilitarle las respuestas que en su momento proporcionó al comisario, lo que "contraviene el llamado convenio de "Aarhus" (Acceso a las informaciones sobre medioambiente).
En este punto, Borg señala que la correspondencia no podría clasificarse como información ambiental y aún así dice que hay reglas de la Unión Europea (UE) por la que el Gobierno de un país puede denegar el acceso al público a este tipo de datos.