En el marco del Fondo Social, España ya tiene asignados un total de 8.000 millones de euros para el período 2007-2013, de los cuales unos 2.200 millones, dirigidos exclusivamente a medidas para la protección del empleo y creación de nuevos puestos de trabajo, se verían afectados por la propuesta.
Las medidas anunciadas hoy forman parte del "compromiso común a favor del empleo", una estrategia elaborada por la CE en colaboración con los interlocutores sociales y que será debatida por los líderes comunitarios en la próxima cumbre de la Unión Europea (UE).
La movilización de fondos comunitarios para su uso en "acciones directas y coordinadas contra el desempleo" demuestra "la voluntad de devolver las políticas sociales al corazón de Europa", según destacó el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, en rueda de prensa.
De lograr el respaldo de los Veintisiete, estas "ambiciosas" iniciativas "podrían marcar la diferencia" para frenar la rápida destrucción de empleos en la UE, afirmó Barroso.
En particular, la CE propone agilizar el desembolso de 19.000 millones de euros del Fondo Social Europeo (FSE) para que los estados miembros los dediquen a la protección del empleo y a la creación de nuevos puestos de trabajo durante 2009 y 2010.
Los 19.000 millones que quiere activar la Comisión serían financiados íntegramente por las arcas comunitarias a condición de que los países los inviertan en medidas concretas como la formación continua de los trabajadores o el apoyo a las empresas para flexibilizar las jornadas laborales.
De forma excepcional, los 19.000 millones de ayudas serían costeados durante 2009 y 2010 en su totalidad por el Fondo Social Europeo, sin necesidad de cofinanciación de los Estados miembros.
Esto evitaría generar "una mayor presión sobre las arcas públicas de los Estados miembros", y a partir de 2011, el Fondo Social Europeo volvería a su funcionamiento normal, explicó Barroso.
Los países deberán destinar los fondos a las áreas prioritarias de mantenimiento del empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo, la adecuación de la formación a las necesidades del mercado laboral y el fomento de la movilidad laboral.
Entre sus posibles aplicaciones están las ayudas directas a los trabajadores que hayan perdido su empleo, el apoyo a las compañías para evitar su deslocalización o reestructuración, o el costeo de los gastos de transporte para los trabajadores que encuentren un nuevo empleo lejos de su domicilio.
Con el desbloqueo de los fondos, la CE espera "un impacto directo y rápido" en el mercado de trabajo a fin de que no se noten los efectos negativos que puede tener un largo período de desempleo, como la "pérdida de motivación y de capacidades laborales".
Asimismo, la Comisión sugirió la inversión de 100 millones de euros del presupuesto comunitario en un nuevo instrumento para la concesión de microcréditos.
Bruselas calcula que esta aportación, sumada a los préstamos provenientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de otras instituciones financieras multilaterales, podría impulsar la habilitación de hasta 500 millones de euros para las pymes europeas.
Los préstamos estimularían la creación de pequeños negocios, dando así una oportunidad laboral a los parados y a algunos de los grupos sociales más desfavorecidos de la UE, y también permitirían la supervivencia de las pymes "que sufren una enorme presión debido a la restricción del crédito", según Barroso.
El presidente de la CE hizo hincapié en la importancia de que los líderes de los Veintisiete apoyen las medidas en el próximo Consejo de la UE, que se celebrará los próximos días 18 y 19, ya que esto supondría una "forma de responder a las preocupaciones de los ciudadanos".