"He ordenado la intervención a partir de ahora mismo de todos esos sectores de la agroindustria", dijo en una alocución transmitida en cadena nacional de radio y televisión.
El gobernante ordenó a los soldados "la toma e intervención de todas estas empresas que procesan el arroz". "No les vamos a permitir que sigan burlándose del pueblo ni del Gobierno revolucionario", agregó.
Las leyes venezolanas determinan que la mayoría de la oferta de arroz debe ser a los precios fijados por el Estado y de variedades alimenticias enriquecidas.
Chávez explicó que ha sido informado por el ministro de Agricultura, Elías Jahua, de que "hay unos sectores de la agroindustria que se niegan a acatar las leyes" y a ofertar variedad del producto cuyo precio es fijado por el Gobierno.
"¿Qué hacen algunos sectores de la agroindustria? ¡Compran el arroz a los productores y no quieren producir el arroz regulado!", agregó y reveló que incluso entre esos sectores hay empresarios a los que tampoco identificó y que estarían amenazando con una huelga.
"Amenazan con parar la producción, pero si lo intentan, les expropio todas las plantas de procesamiento de arroz, se las expropio, no tengo problemas y les pago con papeles, además, no con dinero constante y sonante", insistió el jefe de Estado.
Jahua explicó luego a la red estatal de televisión que la medida afectará inicialmente a una sola empresa donde, aseguró, el 90 por ciento de su oferta estaba siendo envasada como arroz especial "para burlar el control" estatal de precios y cuyos propietarios, al ser advertidos, respondieron "desafiando al Estado".
Se trata de una planta procesadora de arroz de la empresa privada Alimentos Polar, donde fiscalizadores estatales establecieron en el transcurso de la semana que prácticamente la totalidad de una existencia de 18.000 toneladas de arroz estaba destinado a la variedad "saborizada" cuyo precio no está regulado por el Gobierno.
"Que esto sirva de advertencia a otros" empresarios que producen este y otros bienes y servicios cuyos precios, tarifas y otras especificaciones están regulados por el Estado, porque la medida de intervención "se ampliará en 48 horas" a otras empresas que hasta entonces persistan "en esta burla", remarcó.
El ministro para la Alimentación, Félix Osorio, declaró a su vez que el Gobierno "no tiene problema en que el sector privado trabaje", pero que no le permitirá que lo haga bajo premisas "capitalistas donde el alimento es visto como una mercancía más".
"El pueblo debe tener confianza en este Gobierno que no está dispuesto a que traten de rendirlo a través del hambre", añadió Osorio.