Según ha explicado el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, en rueda de prensa en la Cámara Baja, el objetivo de la "autoenmienda" es "dejar muy claro que la iniciativa no afecte a directivos, miembros u órganos colegiados de entidades que, habiendo sido muy bien gestionadas, han absorbido otras que, por estar mal gestionada, ha tenido que cobijarse en una fusión u otro tipo de operación".
"No tiene sentido que quien ha gestionado bien pague las consecuencias de las entidades que han estado mal gestionadas. El gesto que debe ser penalizado, castigado y no recibir ni un céntimo de dinero público debe ser el que ha gestionado mal", ha insistido el diputado catalán.
JUSTA INDIGNACIÓN ENTRE LOS CIUDADANOS
A renglón seguido, ha subrayado que el objetivo de su grupo al presentar esta propuesta es "que el Congreso tenga autoridad moral ante la opinión pública que, con razón, se muestra indignada". "Hay una indignación que comprendemos perfectamente por parte de la ciudadanía, dirigida a que, encima de que esas entidades cuestan dinero público, sus gestores puedan percibir bajo cualquier concepto alguna cantidad por indemnización, pensión o lo que sea", ha apostillado.
La iniciativa de CiU tiene visos de poder salir adelante dado que tanto 'populares' como socialistas buscan un acuerdo con los nacionalistas catalanes sobre este asunto, según han indicado fuentes parlamentarias a Europa Press.