Por otra parte, el 9 de marzo de 2012 se aprobó el Real decreto ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el que se establecía una serie de mecanismos para permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender a su pago.
En él se incluía un Código de Buenas Prácticas Bancarias al que podían adherirse las entidades y al que, hasta el momento, se han sumado 50 bancos y cajas. Su objetivo es evitar el impacto social de los desahucios y permitir la dación en pago a familias que no puedan afrontar el pago de la hipoteca con el 60% de todos sus ingresos.
En mayo del pasado ejercicio el Gobierno aprobó la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social que modificaba el decreto de 2012. En él se establecía que las entidades tenían que comunicar su adhesión a las modificaciones introducidas en el Código de Buenas Prácticas y, las que no se sumaran, se regirían por lo establecido en el real decreto original de marzo.