Las tres formaciones políticas piden al Ejecutivo medidas para que todas las administraciones envíen la información completa sobre los contratos y expedientes de contratación en tiempo y forma, así como que trabaje para solucionar en el futuro las prácticas deficientes que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda ha detectado en los cuatro ejercicios analizados.
Además, hacen hincapié en la necesidad de mejorar los modelos de pliegos particulares para evitar que sean "excesivamente genéricos", de modo que se incremente el grado de objetividad en las valoraciones.
En este sentido, el PSOE también exige al Ejecutivo que determine anualmente qué contratos y pliegos de cláusulas administrativas del Estado deberán incluir obligatoriamente entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
El principal partido de la oposición reclama también a los órganos de contratación de la Administración central que cumplan sus obligaciones legales en materia de justificación de la insuficiencia de medios para realizar la contratación, así como en la justificación de la contratación mediante el procedimiento negociado sin publicidad.
Asimismo, socialistas y nacionalistas catalanes creen necesario distinguir claramente entre los criterios de adjudicación susceptibles de ser valorados numéricamente y los que requieren de un juicio de valor.
ERRORES EN LA EJECUCIÓN
Con respecto a la ejecución de los contratos, los tres grupos parlamentarios creen que hace falta mejorar los proyectos, de modo que se eviten las modificaciones presupuestarias, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias no justificadas, que incrementan innecesariamente los costes.
En este sentido, PP, PSOE y CiU creen que la Administración pública debería hacer un seguimiento más exhaustivo de la ejecución de los contratos y del cumplimiento de los plazos, "haciendo efectivas las garantías en caso de incumplimiento" y llegando incluso a imponer sanciones si es necesario.
De hecho, los nacionalistas catalanes van más allá y creen que las empresas deberían constituir sus garantías antes de formalizar el contrato, y que para evitar el incremento de costes no deberían revisarse los precios en caso de prórroga en los contratos de servicios de duración superior a un año.