Los líderes europeos ya acordaron el pasado 17 de junio la introducción de un gravamen a la banca dentro del nuevo marco de resolución de crisis y hoy tocaba a sus responsables económicos comenzar a perfilar una posición común sobre la modalidad del mismo y el destino de lo recaudado.
Pero la discusión preliminar de los ministros de Finanzas de la Unión Europea celebrada hoy sólo sirvió para constatar la "falta de unanimidad", según explicó el ministro belga de Finanzas, Didier Reynders, en la rueda de prensa que siguió al encuentro.
La Comisión Europea expuso dos documentos de trabajo en los que diferencia entre un impuesto sobre las actividades bancarias y una tasa sobre las transacciones financieras internacionales (también conocida como Tasa Tobin), que en principio no son excluyentes.
La ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró que el impuesto sobre las actividades bancarias suscita más apoyos que la tasa, debido a que esta última podría provocar, a su juicio, una deslocalización de las actividades si no se logra un gran consenso internacional al respecto.
Además, se corre el riesgo de que las entidades trasladen "el impuesto al consumidor final", lo que resultaría en un encarecimiento del servicio en un sector crucial como el de las finanzas, lo que podría "dañar el crecimiento".
Tampoco existe acuerdo sobre el destino final de los ingresos que genere el impuesto, explicó la vicepresidenta segunda del Gobierno español.
La Comisión Europea apuesta por que el dinero alimente una red de fondos (uno por cada Estado miembro) que sean empleados para sufragar las futuras bancarrotas del sector, pero algunos países como Francia y el Reino Unido ya han anunciado su intención de destinarlo a las arcas públicas, maltrechas por la crisis.
En este sentido, Salgado explicó hoy que España ya cuenta con un fondo de garantía de depósitos, por lo que el Gobierno barajaría destinar la recaudación de un nuevo impuesto al presupuesto público, si finalmente es acordado en el seno de la UE.
España podría ingresar entre 490 y 1.905 millones de euros dependiendo del tipo de tasa que impusiera sobre las actividades financieras, según un reciente informe de la Comisión Europea (CE), que eleva esa cantidad hasta los 26.215 millones en el conjunto de la Unión Europea.
En todo caso, Salgado opinó que la Unión Europea dejará una "cierta flexibilidad a los países" para que decidan sobre la tasa bancaria.
El comisario de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, en cambio, no se mostró tan optimista sobre la proliferación de distintos tipos de tasas en la UE, que podrían llevar a una "fragmentación reglamentaria" y "distorsiones" de competencia", por lo que defendió acordar al menos la base imponible del impuesto.
También defendió que los recursos sean dedicados a fondos de resolución y no a las cuentas nacionales, para evitar que la banca actúe de manera irresponsable con el colchón del presupuesto público.
Por el mismo motivo, consideró crucial que el dinero sea destinado a la resolución ordenada de las entidades y no a su rescate.
En todo caso, todos los asistentes coincidieron en que aún queda mucho trabajo por hacer.
Los ministros de Finanzas volverán a tratar el asunto en la reunión que celebrarán en Bruselas a finales de este mes, mientras que las propuestas legislativas concretas de la Comisión sobre el impuesto de las actividades financieras no llegarán hasta 2011.