Con esto se cierra el largo proceso de más de dos años durante el que el Gobierno peruano ha instado a la empresa minera a solventar sus dificultades económicas y reiniciar las operaciones, bajo amenaza de cerrar el complejo metalúrgico.
La dirección general de minería de dicho ministerio informó en una nota de prensa que en la mañana de este martes se trasladaron hasta la ciudad de La Oroya, unos 176 kilómetros al noreste de Lima, y verificaron que la empresa no había reiniciado sus operaciones.
Como consecuencia, el MEM anunció que emitirá una Resolución Directoral en la que declarará el incumplimiento de las obligaciones de Doe RUN.
La principal de éstas obligaciones era el plazo 10 meses que la empresa tenía para presentar la documentación que acreditaba que tenía el financiamiento para realizar en 20 meses un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un plan medioambiental que ha sido prorrogado en 2006 y 2009.
El incumplimiento será comunicado a las instituciones fiscalizadoras del país para que tomen las acciones que correspondan.
Aunque el Ejecutivo peruano no ha explicado cual será el proceso que sigue, lo más probable es que se convoque a los acreedores de Doe Run para decidir si se hacen cargo del complejo de La Oroya o se opta por su liquidación.
También queda en el aire el futuro de los 2.500 trabajadores del complejo metalúrgico, aunque en días pasados el Gobierno informó que ultimaba un plan de reconversión laboral que permite su reubicación en otras empresas.
Doe Run Perú opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya desde 1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, donde produce plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como el ácido sulfúrico y el indio.
A raíz de la crisis financiera mundial, la minera redujo el año pasado sus operaciones al mínimo aduciendo que no tenía recursos suficientes, después de que se le suspendiera un crédito de un conjunto de bancos extranjeros.
La firma, además, fue expulsada de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por no completar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), un compromiso que ha avanzado desde 2006 en poco más del 50%, faltando una inversión de 160 millones de dólares para finalizarlo.
Durante los últimos meses el sindicato de trabajadores ha realizado varias marchas de protesta, que incluyeron el cierre del tránsito por la concurrida carretera Central, para presionar al Gobierno y a la empresa a que reanuden las operaciones en el complejo.