El portavoz de Greenpeace para temas nucleares, Carlos Bravo, ha anunciado esta medida durante la manifestación por las calles de Burgos en la que más de medio millar de personas ha pedido el cierre inmediato de la planta nuclear burgalesa como primer paso para un cierre progresivo de todas las centrales atómicas españolas.
Carlos Bravo ha matizado que la denuncia judicial sólo se evitaría si la confederación decide efectuar ya sus propios análisis porque "no tiene ningún sentido que se diga que no son necesarios porque ya los encarga la empresa propietaria de la central".
De hecho, ha señalado que también Greenpeace ha encargado un informe a una consultora homologada por el Ministerio de Medio Ambiente, igual que las que contrata la propietaria de Garoña, y ha detectado un incremento de temperatura del agua del río de más de 10 grados, cuando el máximo que autoriza la CHE es de 3.
Precisamente un informe de la CHE que advierte de que no se puede garantizar que se mantenga el suministro de agua del Ebro para Garoña en los niveles actuales es uno de los argumentos que esgrimen ambos grupos ecologistas en el recurso que han formulado contra el retraso del cierre de Garoña a 2013, por entender que el cierre tendría que ser inmediato.
Luis Oviedo, portavoz de Ecologistas en Acción, ha afirmado que incluso en este momento "el margen de refrigeración de Garoña es muy pequeño por el calentamiento del agua del Ebro", lo que limitaría la capacidad de respuesta en una situación de emergencia, como un corte del suministro eléctrico a la planta.
Además, ha recordado que en agosto de 2006 se produjo una parada no programada de Garoña que en principio iba a ser de dos días y se prolongó durante una semana porque al reducirse el desembalse de menos caudal aguas arriba se incrementó por encima de lo normal la temperatura del agua del Ebro.
También Carlos Bravo ha mencionado los problemas de seguridad que afirma que tiene la central nuclear burgalesa, que "se han puesto de manifiesto con dos incidentes en lo que va de año".
Bravo ha reconocido que el que se produjo el jueves fue de menor importancia, provocado por una pérdida de alimentación eléctrica en un monitor de radiación de vigilancia de la atmósfera exterior que originó el arranque automático del sistema de ventilación de emergencia de la Sala de Control.
Sin embargo, ha considerado "de especial importancia" el que se produjo el 23 de febrero, cuando estuvo bloqueada durante más de una hora la puerta de acceso al instrumento para manejar las barras de control, que son las que frenan la reacción nuclear, por lo que "si se hubiera producido algún problema en ese tiempo las consecuencias habrían sido graves".