El impacto económico se refiere al esfuerzo financiero de la Administración del Estado -programas con reflejo en los Presupuestos Generales del Estado-, así como a beneficios fiscales que constituyen ingresos que dejan de percibirse, líneas de crédito de entes públicos como el ICO, o los avales del Tesoro y de otros entes públicos.
Según el Ministerio de Industria, estas previsiones económicas "son consistentes con el compromiso de reducción de déficit adquirido por el Gobierno ante la UE" y con este plan, basado en la mejora de la competitividad, el sector industrial recuperará su protagonismo como motor de crecimiento y de creación de empleo.
El plan, que se enmarca en la Estrategia de Economía Sostenible del Gobierno, persigue que la industria eleve su peso en el PIB del 15 al 18%, en línea con las principales economías europeas, explicó el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que subrayó que se ha demostrado que las regiones más industrializadas han sufrido menos la crisis.
Sebastián destacó que el plan, en cuya elaboración han participado diez ministerios y que cuenta con la aportación de agentes sociales, comunidades autónomas y oposición, servirá de guía al sector público, así como para que el sector privado, tanto doméstico como internacional, apueste por la industria en España.
El PIN2020 y el Plan de Acción 2011-2015 persiguen: mejorar la competitividad de la industria, fomentar la innovación y la I+D, impulsar el crecimiento y el dinamismo de las pymes, ayudar a la internacionalización de las empresas y reforzar los sectores estratégicos.
El plan identifica como sectores "estratégicos" los de automoción, aeroespacial, biotecnología, tecnologías de la información, sanitarias y farmacéuticas, protección medioambiental, energías renovables, eficiencia energética y la agroalimentación.
Las actuaciones contempladas para reforzar estas actividades conllevan un esfuerzo financiero público de unos 9.400 millones.
Con el fin de aumentar la competitividad de la industria española, se incluyen medidas para reducir los costes de producción (energéticos, laborales y logísticos), aumentar la productividad y mejorar el marco institucional para hacerlo más favorable al crecimiento económico.
Este apartado supondrá un esfuerzo financiero para el Estado de más de 31.300 millones de euros en 5 años y contempla, entre otras medidas, una mayor liberalización de los mercados eléctrico y gasista, las nuevas normativas que regulan la producción de energía en régimen especial o la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España.
Además, integra el plan estratégico para el impulso del transporte ferroviario del Ministerio de Fomento, el Plan de Mejora en la Eficiencia de actividad aduanera y la modificación de la Ley de Puertos.
Entre la medidas dirigidas a mejorar el marco institucional se encuentran la reforma laboral y de las políticas activas de empleo, los incentivos fiscales a empresas y emprendedores, la agilización en la constitución de sociedades o la modernización de la justicia.
Para apoyar la I+D+i y fomentar la incorporación de investigadores a empresas, entre otras actuaciones, se movilizarán 7.815 millones de euros.
El apoyo al crecimiento y creación de las pymes, principalmente mediante programas de financiación y asesoramiento, conllevará una inversión estimada de casi 31.500 millones.
Con un impacto económico estimado de 2.800 millones hasta 2015, el fomento de la internacionalización de las empresas se centrará en la formación, la ayuda en la búsqueda de nuevos mercados, el apoyo financiero y el asesoramiento, especialmente para las pymes.