De esta forma, tanto en los despidos objetivos individuales como en los despidos colectivos, el Fogasa sufragará ocho días de la indemnización por despido tanto si el trabajador despedido tiene un contrato de fomento como si tiene uno ordinario.
No obstante, el pago de parte de esta indemnización por parte del Fogasa -un intento del Gobierno por conseguir el consenso entre los actores sociales que luego ha sido imposible- será transitorio, pues esta iniciativa será sustituida por la creación de un fondo de capitalización individual que el trabajador podrá utilizar en los casos de despido, formación o jubilación.
Dicho fondo de capitalización, inspirado en el modelo austriaco, se diseñará mediante la tramitación de un proyecto de ley en el plazo de un año. El titular de Trabajo se ha adelantado a aclarar que dicho fondo en ningún caso supondrá la elevación de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social: "Las empresas deben tener claro que no estamos planteando un incremento de las cuotas existentes", subrayó el ministro, que añadió que habrá que buscar una fórmula para sufragar este fondo que resulte neutra para las empresas, es decir, que no aumente las cotizaciones, reorganizando, por ejemplo, las distintas cuotas que soportan a día de hoy las empresas.
'Sorpresas' en el despido por causas económicas
Corbacho también avanzó que se ha dado una nueva redacción a la definición de causas económicas en los despidos respecto al borrador del viernes. Así, el decreto aprobado hoy establece que se entenderá que concurren causas económicas "cuando de los resultados de una empresa se desprenda una situación económica negativa. A estos efectos la empresa tendrá que acreditar los resultados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva".
Una notable modificación frente a lo que se venía esperando durante los últimos días: del diálogo social se había desprendido que este tipo de despido se produciría cuando la empresa pudiera acreditar seis meses consecutivos de pérdidas económicas. Corbacho aseveró que "nunca estuvo en la propuesta de Gobierno" determinar el plazo de pérdidas económicas que debe acreditar una empresa para poder despedir de forma objetiva, con una indemnización de 20 días y dijo que la propuesta de que fueran 6 meses consecutivos de pérdidas estuvo en la mesa del Diálogo Social pero fue rechazada.
Corbacho precisó que en el decreto ley el texto que define las pérdidas como "no meramente coyunturales" ha sido sustituido por la frase: "cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa".
¿En qué medida se combate la temporalidad?
El ministro aseguró que la reforma aprobada por el Gobierno es "sustancial" y "de las más importantes que se han acometido en los últimos años". Sus objetivos, precisó, son los de mejorar la productividad, dar mayor estabilidad al empleo y dotar de más flexibilidad interna a las empresas, sin menoscabar la seguridad de los trabajadores.
En términos generales, la reforma modifica las causas de los despidos objetivos, generaliza el contrato indefinido de despido más barato (33 días por año de indemnización) y endurecen las condiciones para contratar trabajadores temporales, entre otras medidas.
Corbacho, que confirmó que el decreto aprobado hoy se tramitará como proyecto de ley, señaló que, entre las novedades que presenta la norma, se incluye el retrasar dos años el plazo para elevar de ocho a doce días la indemnización por finalización de contrato temporal. Así, la medida empezará a aplicarse a partir de 2012, de tal forma que la indemnización irá subiendo un día por año, hasta llegar a un total de doce días en 2016.
También se incluye otra novedad en los contratos temporales de obra o servicio. El Gobierno quería limitar a dos años la duración máxima de estos contratos, ampliable hasta otro año más si se acordaba por convenio colectivo, pero ahora ha cambiado la redacción y la reforma aprobada hoy establece la duración máxima en tres años, más otro año ampliable si se acuerda vía negociación colectiva.
Otra novedad es el levantamiento del veto a las empresas de trabajo temporal para que puedan operar en el sector público. En el documento anterior, el Gobierno quitaba la prohibición a las ETT para operar en el sector de la construcción. Ahora el veto queda levantado en ambos sectores.
Tramitación rápida
Corbacho aseguró que el Gobierno pretender que el proyecto de ley se tramite en el Parlamento "lo más rápidamente posible", voluntad, según dijo, compartida por los grupos parlamentarios. "El Gobierno espera que al final de la tramitación sea un buena ley, que sea la mejor", deseó el ministro.
"La reforma la aprobamos hoy y mañana será ley", añadió la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa de la Vega, quien confió en que la reforma acabe resolviendo los problemas del mercado laboral. "El mensaje está muy claro, la decisión ya no tiene marcha atrás, es firme", quiso zanjar De la Vega.
Fuentes del Gobierno se mostraron confiados en que el decreto sea apoyado en el Congreso por los partidos del centro de la Cámara y no sólo por el PSOE, porque el diagnóstico es común.
EPF / CGS / AV
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