El anteproyecto incorpora un conjunto de reformas estructurales que facilitarán que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental.La norma ratifica el compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono -principal responsable del cambio climático- un 20% en el año 2020. La medida, coincidente con el compromiso adquirido por la UE, establece además el compromiso de que el 20% del consumo de energía bruto proceda de fuentes renovables.
El texto prevé también la creación de la Conferencia Sectorial de Energía para favorecer la coordinación de la Administración central y las autonomías en materia energética. También aumentará la competencia en el ámbito del transporte interurbano regular de autobuses y fomentará los planes de movilidad sostenible. Salgado añadió que la futura ley también impulsará el vehículo eléctrico y fomentará que las administraciones públicas adquieran vehículos no contaminantes.
Uno de los principales objetivos de la nueva norma es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo "estable" y "predecible" con bajo nivel de cargas administrativas, según ha explicado la Ministra de Economía, Elena Salgado.
Tanto el presidente como los consejeros serán nombrados por el Ejecutivo por mandatos de seis años sin posibilidad de renovación. Los presidentes de cada regulador estarán obligados a dar cuenta de sus actuaciones anualmente ante el Parlamento.
En cuanto a la sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas, se creará un grupo especial de evaluación del gasto. Se regulará la contratación pública y colaboración público-privada, con la intención de agilizar la contratación pública en plazos y procedimientos, mediante la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público.
Las modificaciones de los contratos del sector público estarán limitadas al 20% del importe adjudicado y sólo podrán llevarse a cabo cuando se haya previsto previamente en los pliegos o en el anuncio del concurso, o cuando concurran causas de fuerza mayor. Se pretende así, entre otras cosas, acabar con la rebajas en los concursos de obra pública.
Otra de las medidas previstas para agilizar la contratación pública es el aumento del 30 al 50% la subcontratación que se puede exigir a los a los adjudicatarios, con el objetivo de fomentar la participación de PyMES.
En materia de nuevas tecnologías, el anteproyecto de ley de Economía Sostenible contempla aumentar la deducción por actividades en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de un 8 al 12%, mientras que la desgravación por proyectos medioambientales subirá del 4 al 8%.
El Gobierno también actuará en la fiscalidad de la vivienda. La equiparación fiscal de la deducción por alquiler respecto de la deducción por compra de vivienda es otra de las medidas que se han incorporado a la Ley de Economía Sostenible.
Salgado ha confirmado que la deducción por la compra de vivienda se elimina para todas las rentas con una base imponible superior a 24.000 euros, y se mantiene íntegra para aquellas por debajo de 17.700.
Reducir la carga administrativa
En primer lugar, se acomete una "profunda reforma" de los organismos reguladores y de su estructura y normas de funcionamiento con el fin de dotarlos de mayor independencia, transparencia y publicidad en sus actuaciones, mejorar su estructura de gobernanza y su sistema de rendición de cuentas. Para ello, el Gobierno limitará la composición de los organismos reguladores -Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC)- a un presidente y cuatro consejeros.
Sostenibilidad de las Administraciones Públicas
Deducción por I+D
Fiscalidad de la vivienda