En respuesta al portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, el Ejecutivo insiste en que tanto las pérdidas registradas en ambos fondos como los importes computados como gasto público en Contabilidad Nacional "no constituyen un reconocimiento de pérdidas o beneficios derivados de una eventual enajenación" de los activos en entidades financieras.
"(Las pérdidas o beneficios) sólo se podrán determinar una vez culminados todos los procesos de reestructuración y resolución, y tras la desinversión por parte del FROB en cada una de las entidades en cuyo accionariado está presente en la actualidad", añade el Gobierno en su texto, al que ha tenido acceso Europa Press.
MINIMIZAR EL COSTE PARA EL ERARIO PÚBLICO
A renglón seguido, el Ministerio de Economía recuerda que el objetivo principal del FROB es "reducir al máximo los fondos públicos destinados a la recapitalización" que, según datos de septiembre de 2013 del Banco de España, ascendieron entre 2009 y 2013 a 61.366 millones de euros, de los que 38.833 millones provenían del rescate europeo.
Unas cantidades que, sin embargo, podrían no recuperarse en su totalidad dadas las ventas por debajo del precio de rescate que ya se han llevado a cabo (como Banco de Valencia o NCG) y también a la evolución negativa que están teniendo los esquemas de protección de activos (EPA) que se incluyeron en la enajenación de entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), y que están respaldados por el FGD.
Según el FROB, a 31 de diciembre de 2013 la mala evolución de los EPA suponían un incremento de las ayudas públicas de unos 7.000 millones de euros, pero Economía aseguró en enero que sólo el rescate de la CAM podría llegar a costar 15.000 millones a las arcas públicas, en vez de los 5.500 millones calculados inicialmente.
De hecho, en sus últimas comparecencias en el Congreso tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el presidente del FROB y subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, han reconocido no poder calcular aún a cuánto ascenderán las pérdidas por el saneamiento bancario, aunque ambos han defendido que se intentará minimizar el coste para los contribuyentes y que un punto clave para conseguirlo será la enajenación de Bankia, así como la evolución de la comercialización de activos por parte del 'banco malo'.
En este sentido, el Gobierno recuerda en su respuesta a Anchuelo que se están poniendo en marcha las "actuaciones necesarias" para conseguir "rentabilizar las inversiones acometidas en el marco de la reforma financiera o, al menos, para recuperar tantos fondos como sea posible". Además, señala que los propios planes individualizados para cada entidad rescatada en el marco del Memorándum de Entendimiento (MoU) ya recogían medidas para "garantizar el retorno a la viabilidad de las entidades, minimizando el coste para el erario público".
Según Restoy, la pérdida esperada que soporta el sector público --sobre todo el FGD-- tras descontar las provisiones dotadas ronda los 7.000 millones de euros. Por su parte, el FROB cerró el ejercicio de 2012 con un patrimonio neto negativo de 21.832 millones a causa del "deterioro experimentado por el valor económico de su cartera de instrumentos de capital de entidades en reestructuración o resolución".